Desde distintos sectores vinculados a la producción agropecuaria volvieron a reclamar el tratamiento de una ley provincial que regule el uso de fitosanitarios y establezca criterios unificados en los 135 municipios bonaerenses, ante el vacío normativo que persiste en la provincia de Buenos Aires.

Actualmente, solo 86 municipios cuentan con ordenanzas propias, muchas de ellas con parámetros dispares, lo que genera incertidumbre para los productores, conflictos en zonas limítrofes y dificultades para planificar la actividad. La falta de una normativa común también derivó en intervenciones judiciales que impactaron de lleno en la producción.

En ese marco, la reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia bonaerense de suspender de manera preventiva las ordenanzas que regulaban el uso de fitosanitarios en Tandil y Rauch volvió a poner el tema en el centro del debate. El fallo se basó en posibles riesgos ambientales vinculados a la cuenca del arroyo Chapaleofú y en la necesidad de una evaluación más profunda antes de avanzar con restricciones.

Desde el sector productivo advirtieron que estas medidas generaron pérdidas económicas significativas, al tiempo que señalaron que las distancias de aplicación varían considerablemente de un municipio a otro, profundizando la falta de previsibilidad.

El reclamo apunta a que sea la Legislatura bonaerense la que defina los parámetros de aplicación, y no la Justicia, a través de un debate técnico, serio y sin prejuicios, que contemple el cuidado ambiental, la salud de la población y la continuidad de la producción.

Cabe recordar que la provincia de Buenos Aires cuenta con una ley que regula el uso de fitosanitarios, pero la misma data de 1998, por lo que distintos actores consideran que quedó desactualizada frente a los avances tecnológicos, la modernización de las maquinarias y la implementación de buenas prácticas agrícolas.

En ese sentido, se plantea la necesidad de una ley integral, elaborada con la participación de organismos técnicos, entidades del sector agropecuario y profesionales especializados, que permita ordenar el uso de fitosanitarios en todo el territorio bonaerense y brinde reglas claras tanto para los municipios como para los productores.