La Legislatura bonaerense recibió un pedido de informes para conocer cómo el Gobierno provincial supervisa y fiscaliza las obras hidráulicas no autorizadas, en particular los canales clandestinos que se multiplican en zonas rurales y alteran el escurrimiento natural del agua.

La iniciativa busca obtener precisiones sobre la aplicación del nuevo procedimiento aprobado por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos para intervenir frente a estas prácticas ilegales, que generan conflictos entre productores, impacto ambiental y riesgos hídricos en distintas regiones de la provincia.

Entre los puntos planteados, se solicita información sobre la implementación de la Resolución N° 46/2026 y su alcance en áreas rurales, donde la apertura de canales sin autorización avanza sin controles previos. Además, se advierte que este tipo de intervenciones provoca anegamientos, pérdida de productividad y tensiones con localidades cercanas.

El proyecto también indaga sobre el uso de herramientas tecnológicas, como imágenes satelitales y sistemas de información geográfica, para detectar obras ilegales, así como la existencia de convenios con organismos científicos y técnicos que fortalezcan las tareas de control.

Otro eje central refiere a la articulación entre la Autoridad del Agua y la Dirección Provincial de Hidráulica al evaluar canalizaciones no autorizadas, y al rol de los municipios, incorporados como autoridades de comprobación tras las modificaciones al Código de Aguas. En ese sentido, se consulta si la Provincia impulsa instancias de capacitación y asistencia técnica para los gobiernos locales.

Finalmente, se remarca la importancia de una intervención temprana para evitar que las obras clandestinas se consoliden y generen daños hídricos de difícil reversión.