El debate argentino sobre el desarrollo lleva décadas girando en torno a visiones contrapuestas y ya desgastadas. A diferencia de otros países que lograron consolidar estrategias sostenidas en el tiempo, en nuestro caso la discusión quedó atrapada en un péndulo permanente, sujeta a los caprichos de los gobiernos de turno.

Cada cambio de signo político implica modificar prioridades, instrumentos y reglas. Esta lógica no solo genera inestabilidad, sino que aumenta la incertidumbre y desalienta cualquier tipo de inversión productiva. El resultado está a la vista: crisis recurrentes que destruyen capital productivo, arrasan con empleo formal y golpean con dureza a las pequeñas y medianas empresas.

Cuando la economía logra, de manera momentánea, un atisbo de recuperación, lo hace desde una base mucho más frágil. Así, se vuelve cada vez más complejo regenerar empleo de calidad y sostener mejoras salariales en el tiempo. Defender este esquema no es prudencia: es resignación al estancamiento.

Si nos acostumbramos a un sistema que premia la renta financiera por encima de la economía real, el crecimiento inevitablemente se frena y el empleo se resiente. Cuando las tasas de interés superan de forma sistemática la rentabilidad esperada de un proyecto productivo, el capital se orienta a la especulación antes que a la inversión. Sin planificación, el desarrollo queda reducido a una ilusión.

El desafío debe ser construir un esquema de desarrollo integral que combine una macroeconomía ordenada con reglas internas estables. Argentina tiene alimentos, energía, minería, tecnología y talento humano. Los recursos están; lo que falta es coherencia y una estrategia que no se reinicie cada cuatro años.

Un Estado presente no es un Estado improvisado. Debe intervenir coordinando y regulando con criterio y sensibilidad, garantizando estabilidad. Desde nuestra generación, el debate no puede seguir siendo superficial: tiene que animarse a discutir las estructuras de fondo.

Necesitamos modernizar leyes estructurales pensadas para otra Argentina, con otra matriz productiva. Normas hoy desactualizadas que, junto con incentivos adecuados, permitan generar más empleo formal, atraer inversiones y mejorar la competitividad. Ninguna ley, por sí sola, resolverá los problemas del país, pero cada reforma bien diseñada puede abrir un nuevo punto de partida.

Si realmente se busca avanzar en cambios estructurales, también es necesario revisar el desempeño de sectores de poder que durante décadas hablaron en nombre de los trabajadores sin lograr mejores resultados sociales. Gobernar implica tomar decisiones, incluso cuando el temor a la conflictividad intenta paralizar las reformas.

La experiencia demuestra que sostener esquemas que ya no responden a la realidad no garantiza inclusión. Con las mismas reglas, el empleo formal no creció de manera sostenida, la informalidad avanzó y la pobreza aumentó. Defender normas que no resolvieron esos problemas no es proteger derechos: es aceptar el fracaso.

La inclusión se construye con reglas que permitan crear empleo y sostener políticas públicas eficaces. Modernizar no puede ni debe ser sinónimo de desproteger. El camino es el consenso, dejando de lado dogmatismos que poco ayudan a resolver los problemas de fondo.

Sin continuidad en las políticas estructurales, el debate sobre el modelo de desarrollo seguirá siendo una discusión circular. Romper ese péndulo es, quizás, el primer paso para que la Argentina vuelva a mirar al futuro con previsibilidad.