La senadora provincial Natalia Quintana, representante de la Cuarta Sección Electoral por Hechos-UCR, se pronunció en contra de la denominada Ley de Condena Juvenil y de la propuesta de bajar la edad de imputabilidad impulsada por el gobierno nacional, a la que calificó como “una respuesta sencilla y cómoda a un problema que nos obliga a pensar en profundidad”.

Sostuvo que este tipo de iniciativas “no garantizan soluciones reales” y que, por el contrario, “ponen el castigo sobre los más débiles”. En ese sentido, advirtió que el debate está mal planteado cuando se centra únicamente en la sanción penal.

La legisladora bonaerense puso el foco en la vulnerabilidad de los menores involucrados en situaciones delictivas y remarcó que muchos de ellos “han sido abandonados por un sistema familiar e institucional”. “Los adultos, como sociedad, los hemos abandonado en algún momento. No hemos hecho lo que teníamos que hacer como adultos y cortamos por lo más débil, que son los niños y adolescentes”, expresó.

Al profundizar su postura, Quintana insistió en que bajar la edad de imputabilidad no resuelve el problema de fondo. “Cuando se toman este tipo de iniciativas se castiga a los más débiles, a los niños y adolescentes. Buscamos resolver desde lo sencillo, cuando en realidad el problema es mucho más complejo”, señaló.

Asimismo, la senadora planteó un debate de carácter conceptual y filosófico sobre cómo se concibe a la niñez y la adolescencia. “Antes de la Convención sobre los Derechos del Niño, los niños eran mirados como ‘adultos pequeños’, y la verdad es que no es así. Desde su constitución subjetiva y desde su desarrollo, son niños y adolescentes. Son miradas y concepciones filosóficas diferentes”, afirmó.

Finalmente, Quintana cuestionó la eficacia del proyecto al señalar que toda ley debería tener como objetivo resolver un problema social concreto. “Cuando se legisla debemos preguntarnos ¿para qué? A mí me genera muchas dudas que de esta manera se resuelva el problema de los niños o adolescentes que cometen delitos contra terceros”, concluyó, dejando en claro su rechazo a una reforma que, a su entender, elude las responsabilidades estructurales del Estado y de la sociedad.