El Tribunal en lo Criminal N°1 de Junín condenó a tres ex funcionarios de la gestión del ex intendente Víctor Aiola y a un proveedor municipal en el marco de la denominada “Causa Corralón”, iniciada por presuntas irregularidades en la contratación de obras públicas en la Municipalidad de Chacabuco.

Según publicó Chacabuco En Red, la sentencia fue dictada por el juez Esteban Melilli, quien impuso penas de tres años de prisión en suspenso, inhabilitación especial para ejercer cargos públicos y reglas de conducta por el mismo plazo a Juan Carlos Gómez (ex secretario de Servicios Públicos), Gabriel Horacio Vespasiano (ex subsecretario) y Pablo Adrián Alegre (ex jefe de Corralón). Los tres se desempeñaron durante la última gestión de Aiola.

En la misma causa fue condenado el proveedor Bernardo Oscar Burghetti, quien además recibió una imputación por lesiones graves calificadas por el vínculo en un expediente paralelo.

Procedimiento abreviado y reconocimiento de culpabilidad

El proceso se resolvió mediante el procedimiento abreviado previsto en el artículo 395 del Código Procesal Penal bonaerense, lo que implica que los acusados reconocieron su responsabilidad penal en los hechos investigados.

La causa se originó a partir de una denuncia presentada el 30 de enero de 2023 por el entonces intendente Aiola, quien puso en conocimiento de la Justicia presuntas maniobras irregulares en la contratación de proveedores.

El esquema investigado

Según se acreditó en el fallo, desde la Secretaría de Servicios Públicos se impulsaban solicitudes de servicios externos simulando falta de personal municipal, con el objetivo de justificar contrataciones.

Como proveedores recurrentes fueron identificados Burghetti y Marcos A. Batista. También se determinó la intervención de una contadora que confeccionaba presupuestos y facturación desde un estudio local.

Entre las pruebas valoradas por el tribunal se destacan:

• Análisis del sistema RAFAM, que evidenció que los presupuestos eran confeccionados antes de las notas de necesidad administrativa.

• Pericias caligráficas que detectaron firmas apócrifas en legajos.

• Informes de la Policía Federal Argentina sobre dispositivos electrónicos, que permitieron reconstruir comunicaciones previas a la formalización de expedientes.

El caso testigo y el retorno de fondos

Como caso testigo se tomó una contratación para trabajos de pintura en el Cementerio Municipal, adjudicada formalmente a Burghetti.

De acuerdo con la sentencia, la obra no habría sido ejecutada por el proveedor adjudicado sino por personal municipal. Además, el análisis bancario permitió documentar un esquema de retorno de fondos: tras una transferencia municipal realizada el 19 de enero de 2023, al día siguiente se efectuaron extracciones y transferencias hacia cuentas de funcionarios.

El Ministerio Público Fiscal estimó que el perjuicio económico para las arcas del Partido de Chacabuco asciende, al menos, a $4.287.100.

Calificación y penas

Los hechos fueron encuadrados como defraudación en perjuicio de la administración pública (artículo 174 inciso 5° del Código Penal) y asociación ilícita (artículo 210).

El tribunal dispuso:

• Tres años de prisión en suspenso para los cuatro condenados.

• Inhabilitación especial para ejercer cargos públicos.

• Pago de $1.000.000 cada uno, a depositar en cuenta judicial.

• Fijar residencia y someterse al Patronato de Liberados.

• Abstenerse de consumir estupefacientes o abusar del alcohol.

Con esta sentencia, la Justicia dio por probado el esquema de irregularidades en el área del Corralón Municipal, en un fallo que impacta de lleno en la escena política de Chacabuco y reabre el debate sobre los mecanismos de control en la administración pública local.