La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) fijó una posición firme frente a la posibilidad de que la Argentina avance en la adhesión al Acta UPOV 91, en el marco del reciente acuerdo comercial firmado con Estados Unidos.
Si bien la entidad celebró el entendimiento bilateral por considerarlo un paso positivo hacia una mayor integración y apertura comercial, advirtió que cualquier modificación en materia de propiedad intelectual en semillas debe surgir del consenso interno y no de compromisos externos.
Argentina integra el sistema UPOV 78 desde hace más de cuarenta años. Según destacó CARBAP, ese marco permitió el desarrollo del mejoramiento genético y la incorporación de nuevas variedades, preservando al mismo tiempo un principio central para los productores: el uso propio.
Desde la entidad señalaron que el Acta 1991 modifica ese equilibrio histórico, al ampliar los derechos del obtentor y restringir la posibilidad de reutilizar semilla. “Es necesario fortalecer la protección de la propiedad intelectual y garantizar que los obtentores puedan cobrar por su trabajo, pero UPOV 91 no es el camino adecuado para la realidad productiva argentina”, sostuvieron.
CARBAP planteó que es posible actualizar la legislación vigente dentro del esquema de UPOV 78, mejorando los mecanismos de control, registración y cobro de regalías, sin alterar principios que forman parte de la cultura productiva nacional.
En ese sentido, rechazaron la idea de que el debate deba plantearse como una confrontación entre innovación y productores. “Argentina ya cuenta con una base productiva sólida, con millones de hectáreas sembradas con variedades modernas. El problema no es la falta de voluntad de pago, sino la ausencia de un esquema equilibrado y consensuado”, remarcaron.
La entidad también puso el foco en lo que considera el verdadero obstáculo estructural para el crecimiento del sector: los Derechos de Exportación (DEX). A su entender, mientras se mantenga esa carga impositiva, que actúa como un freno a la inversión y la producción, cualquier discusión sobre incentivos tecnológicos quedará condicionada.
Finalmente, CARBAP reafirmó que las reglas que impactan sobre la base tecnológica del agro deben definirse a partir del diálogo entre productores, obtentores, industria y Estado. “La Argentina necesita más innovación, inversión y producción, pero también acuerdos inteligentes que respeten su realidad productiva y fortalezcan su competitividad”, concluyeron.
