Tras la aprobación en el Senado de la Nación de la ley que reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad, el debate se trasladó rápidamente al interior bonaerense. Infonoroeste consultó a distintos actores políticos, judiciales y sociales de la región, quienes manifestaron posiciones divididas frente a la nueva normativa.
La iniciativa, que modifica el régimen penal juvenil vigente en la Argentina, generó respaldo en sectores que reclaman medidas más firmes frente al delito, pero también fuertes cuestionamientos desde ámbitos vinculados a la educación, los derechos humanos y el trabajo territorial con adolescentes.
Desde el arco político local vinculado a posturas más duras en materia de seguridad, consideran que la medida “era una deuda pendiente” y sostienen que “no se puede seguir mirando para otro lado cuando hay delitos graves cometidos por menores de 16 años”.
En la misma línea, un ex funcionario del área de Seguridad de la región señaló que “la sociedad viene pidiendo respuestas concretas” y que la nueva ley “no apunta a criminalizar la pobreza, sino a establecer reglas claras cuando se trata de delitos violentos”.
Para estos sectores, la baja de la edad penal constituye “una herramienta más” dentro de un esquema que debería incluir prevención, presencia policial y fortalecimiento del sistema judicial.
Del otro lado, referentes sociales y educativos expresaron su preocupación. “El problema no es la edad de imputabilidad, sino la falta de oportunidades, de acompañamiento y de políticas públicas sostenidas para los adolescentes”, advirtieron a esta agencia.
“Endurecer penas no reemplaza el trabajo territorial” y advirtieron que “el sistema penal no puede transformarse en la única respuesta del Estado frente a conflictos sociales”, agregaron.
Asimismo, plantearon que “si no se garantiza un régimen verdaderamente especializado, con equipos interdisciplinarios y dispositivos diferenciados, la aplicación de la ley puede terminar siendo más punitiva que formativa”.