El sistema de educación privada bonaerense, que concentra cerca del 30% de la matrícula escolar y alcanza a más de 1,3 millones de estudiantes, atraviesa un escenario de creciente preocupación por la combinación de mayores costos, atraso en la actualización de aranceles y nuevas cargas impositivas a nivel municipal.

Desde la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la República Argentina advirtieron que algunas decisiones fiscales adoptadas por municipios podrían extenderse a otros distritos y profundizar la situación económica de las instituciones educativas.

Uno de los casos que generó mayor alarma es el del municipio de Pilar, donde el Concejo Deliberante de Pilar aprobó la ordenanza 112/25 que duplica la tasa de seguridad e higiene y establece una contribución mensual de 7.500 pesos por cada empleado de las pymes, categoría en la que también quedan encuadradas las escuelas privadas.

El secretario ejecutivo de AIEPA, Martín Zurita, explicó que este tipo de medidas puede tener un fuerte impacto en el funcionamiento de las instituciones educativas.

“Una escuela privada es una pyme particular, porque no tiene cuatro o cinco empleados. En promedio tiene entre 60 y 120 personas trabajando como mínimo”, señaló.

De acuerdo con estimaciones del sector, una institución de tamaño medio podría afrontar pagos mensuales de entre 1,5 y 2 millones de pesos en tasas municipales, lo que implicaría más de 20 millones de pesos al año.

“En el contexto actual es realmente inexplicable esta situación para nuestro sector. No se está teniendo en cuenta la realidad económica de las escuelas”, sostuvo Zurita, quien adelantó que la entidad analiza distintas gestiones para que las autoridades municipales reconsideren este tipo de medidas.

Paritaria docente y presión sobre los aranceles

El panorama financiero también se ve condicionado por la negociación salarial docente en la provincia. Según explicó Zurita, el gobierno bonaerense ofreció un incremento del 9% en tres tramos para los trabajadores de la educación.

Desde el sector educativo privado aclararon que no cuestionan las mejoras salariales, pero remarcan que necesitan que las autoridades autoricen una actualización equivalente en las cuotas para poder afrontar esos aumentos.

“Las escuelas tienen que pagar los incrementos salariales, pero si no se autorizan ajustes en los aranceles se genera un problema financiero muy grave, difícil de sostener”, explicó.

En la provincia de Buenos Aires, cerca del 70% de los colegios privados reciben aportes del Estado, lo que implica que cualquier modificación en los aranceles debe ser autorizada por el gobierno provincial.

Caída de matrícula y cierres de instituciones

A este escenario se suma otro fenómeno que preocupa al sector: el cierre de establecimientos educativos privados en distintos puntos de la provincia, especialmente en el conurbano y en ciudades como La Plata.

Según Zurita, se trata de un proceso que comenzó a profundizarse después de la pandemia y que responde a múltiples factores, entre ellos la caída de la natalidad, la disminución de la matrícula escolar —con unos 300 mil alumnos menos en el sistema educativo en los últimos cuatro años— y el incremento de los costos operativos.

También influye el aumento de tarifas de servicios públicos y las dificultades económicas de muchas familias, lo que provocó un crecimiento de los niveles de morosidad en el pago de las cuotas.

“Hay escuelas que no cerraron pero cuya situación es crítica. Están endeudadas o tomando créditos para poder pagar sueldos y cargas sociales”, advirtió el dirigente.

En ese contexto, desde el sector educativo privado pidieron que se tenga en cuenta la situación particular de las instituciones y que se eviten medidas fiscales que puedan agravar aún más su situación financiera.