El uso de teléfonos celulares dentro de las cárceles bonaerenses volvió a quedar bajo cuestionamiento, en medio de denuncias sobre su utilización para coordinar delitos como estafas telefónicas y extorsiones virtuales.

Distintos sectores vienen advirtiendo que una medida excepcional adoptada durante la pandemia —que habilitó el uso de dispositivos móviles por parte de internos— continúa vigente y, según sostienen, se habría convertido en una herramienta utilizada por organizaciones delictivas.

La problemática tiene impacto directo en distritos del interior, como Junín, donde investigaciones judiciales recientes detectaron que maniobras delictivas, especialmente estafas telefónicas, fueron organizadas desde el interior de la Unidad Penitenciaria N.º 13.

Estafas a adultos mayores

El mecanismo se repite con frecuencia: llamados en los que los delincuentes se hacen pasar por personal policial o bancario, con el objetivo de presionar a las víctimas —en muchos casos adultos mayores— para que realicen transferencias de dinero o entreguen ahorros.

Este tipo de delitos, que crecieron en los últimos años, encendieron alarmas en distintos ámbitos políticos y judiciales, donde coinciden en la necesidad de avanzar con medidas más estrictas dentro del sistema penitenciario.

Propuestas en debate

Entre las alternativas que se analizan aparece la instalación obligatoria de inhibidores de señal en las unidades penitenciarias, con el objetivo de impedir el uso de celulares y restringir las comunicaciones a líneas controladas.

La iniciativa apunta a que los contactos con familiares o abogados se canalicen exclusivamente a través de medios habilitados y auditables, limitando el acceso a internet y aplicaciones de mensajería.

En ese marco, el debate vuelve a instalarse en la agenda pública, con foco en el equilibrio entre los derechos de las personas privadas de libertad y la necesidad de prevenir delitos que afectan a la población desde el interior de los establecimientos carcelarios.