El inicio del esquema de coparticipación 2026 en la provincia de Buenos Aires dejó un saldo dispar en la cuarta sección electoral, con apenas cuatro municipios que lograron mejorar sus ingresos reales frente a una mayoría que sufrió caídas en el poder de compra de los fondos recibidos.

Según el análisis de las transferencias de enero de la Consultora PPA al que accedió INFONOROESTE, si bien los envíos crecieron un 29,4% interanual en términos nominales, al descontar la inflación se registra una caída real del 2,24%, lo que impacta directamente en las finanzas locales.

Ganadores: pocos distritos logran mejorar

En este contexto, solo cuatro municipios de la sección lograron salir airosos del nuevo esquema del CUD (Coeficiente Único de Distribución). Se trata de Chacabuco, que encabezó la mejora con un incremento real del 9,9%, seguido por General Villegas (+4,9%), Junín (+4,3%) y Nueve de Julio (+3%).

Estos distritos lograron compensar el efecto inflacionario y mejorar su disponibilidad de recursos, en un escenario general de retracción.

Perdedores: la mayoría con caída real

Del otro lado, el panorama es ampliamente negativo. La mayoría de los municipios de la Cuarta Sección registraron caídas reales en los fondos coparticipables, con impactos de distinta magnitud.

Entre los más afectados aparecen General Viamonte (-7,1%), Pehuajó (-5,5%), Hipólito Yrigoyen (-5,4%), Chivilcoy (-5,1%), Bragado (-5,1%) y Florentino Ameghino (-5,1%).

A ellos se suman otros distritos con retrocesos, como Alberti (-4,9%), General Arenales (-4%), Trenque Lauquen (-3,4%), Carlos Casares (-3,4%), General Pinto (-3,1%), Leandro N. Alem (-3%), Carlos Tejedor (-1,3%), Lincoln (-1,3%) y Rivadavia (-0,7%).

Menos fondos de libre disponibilidad

Más allá del reparto entre ganadores y perdedores, el informe también advierte sobre un cambio de fondo que preocupa a los intendentes: la caída de la Coparticipación Bruta, principal fuente de recursos de libre disponibilidad.

Este componente registró una baja del 10,4%, lo que implica que, si bien algunos fondos se compensan con partidas específicas, los municipios cuentan con menos margen para decidir en qué gastar.

En ese sentido, crece el peso de transferencias con destino determinado —como infraestructura escolar u obras puntuales— lo que limita la autonomía financiera de los gobiernos locales en un contexto económico ya complejo.