La red de estaciones meteorológicas de Argentina, fundamental para la emisión de alertas tempranas y el estudio del cambio climático, atraviesa una crisis que pone en riesgo la seguridad de ciudades como Junín. En una reciente entrevista, Silvana Romano, delegada de ATE, describió un panorama "devastador" debido al plan de ajuste del Gobierno Nacional sobre el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Romano explicó que, aunque existe una tendencia a la automatización, la figura del observador meteorológico —como el que históricamente ha trabajado en la estación de Junín— es irremplazable. "Un radar nunca te va a interpretar qué cantidad de agua está cayendo. Necesitás al observador que analiza a nivel de superficie qué está pasando para que el dato sea confiable".
Según la delegada, para un funcionamiento óptimo el país necesita al menos 625 observadores, pero actualmente solo cuenta con 400, y el plan oficial apunta a reducir esa cifra a casi la mitad. "Es fácil la ecuación: el servicio no puede ser de calidad cuando no tenés quién trabaje" , dijo en declaraciones a Canal 10 de Junín.
Uno de los puntos más preocupantes para el noroeste bonaerense es la falta de inversión en tecnología. Romano coincidió en que nuestra zona sufre una suerte de "ceguera" meteorológica debido a que los radares existentes no cubren todo el territorio. "Fuera de la zona de alcance del radar, el sistema es ciego. Justo a nuestra región le toca la mayor ceguera; tenemos las tormentas encima y nos enteramos a último momento" .
La representante de ATE fue tajante al pedir el compromiso de las autoridades municipales de Junín para defender la estación local, que ya venía sufriendo una degradación histórica. "Ojalá que el intendente se ponga la remera del Servicio Meteorológico y de Junín, porque ustedes se van a quedar sin protección" , afirmó, resaltando que la pérdida de personal calificado obligará a la población a depender de métodos caseros e informales ante fenómenos climáticos cada vez más agresivos.
Actualmente, el SMN cuenta con 787 trabajadores en todo el país (incluyendo las bases en la Antártida), de los cuales se estima que entre un 20% y 25% serán despedidos en las próximas semanas, afectando principalmente a las áreas operativas de las estaciones territoriales.