La irrupción de Uber en Junín abrió un fuerte frente de conflicto con taxistas y remiseros, que este semana llevaron sus reclamos al Concejo Deliberante con un pedido concreto: regular la actividad para evitar lo que consideran una competencia desigual.

Luego del encuentro con ediles de distintos bloques, los referentes Cristian Mastandrea y José Correa coincidieron en que el camino no es la prohibición, sino una regulación que equipare condiciones. “Prohibir es imposible, esto está en todo el mundo. Pero sí se puede regular, es una cuestión de voluntad política”, sostuvieron al programa "Amanece que no es poco" por Radio Junín.

Tarifas, costos y desigualdad

Uno de los puntos centrales del reclamo es la diferencia de precios. Según señalaron, ya comenzaron a notar el impacto de la aplicación en la calle. “Un viaje que nosotros cobramos 6.000 pesos, ellos lo están cobrando 2.000. Eso no tiene lógica”, advirtió Correa, aunque lo atribuyó a una estrategia inicial de captación de usuarios.

En ese sentido, buscaron desmentir una de las críticas habituales. “No es que los taxis son caros, las tarifas las fija el Concejo Deliberante y responden a los costos reales de la actividad”, explicaron, enumerando gastos como seguros, verificaciones, mantenimiento y habilitaciones.

Allí radica, aseguran, la principal desigualdad: mientras el servicio tradicional debe cumplir con una estricta normativa, los vehículos que operan a través de la app no estarían sujetos a las mismas exigencias. “Ahí es donde está la preocupación”, remarcaron.

Un pedido de regulación y control

Durante la reunión con concejales, el sector presentó un proyecto que apunta a ordenar el funcionamiento de las aplicaciones. Entre los ejes, plantean que ningún servicio pueda operar por debajo de una tarifa de referencia y que se establezcan controles similares a los que rigen para taxis y remises.

También propusieron cambios en el esquema tarifario actual para evitar retrasos frente a la inflación, sugiriendo que los ajustes no dependan exclusivamente del Concejo sino que se actualicen de manera más automática en base a índices como el IPC.

“Uno puede competir, pero no puede vender por debajo del costo. Eso es inviable y termina fundiendo a cualquiera”, advirtió Mastandrea, quien citó como ejemplos lo ocurrido en ciudades como Buenos Aires, La Plata y Rosario.

El impacto laboral y el vacío legal

Los trabajadores advirtieron que la situación ya está afectando al sector. “Hoy cualquiera con un auto puede salir a trabajar, mientras que nosotros necesitamos una licencia y cumplir una ordenanza muy exigente”, señalaron.

Incluso, remarcaron que el actual marco normativo local —al que consideran uno de los más completos de la región— establece en uno de sus artículos la prohibición de prestar servicios sin regulación municipal, algo que, según entienden, hoy no se estaría cumpliendo.

Además, alertaron sobre el impacto económico: “La plata se va afuera y quien regula es alguien que no conoce los costos de Junín”, cuestionaron.

Expectativa y tensión en el sector

Pese al malestar, los referentes destacaron el diálogo abierto con los concejales y se mostraron expectantes. “Nos fuimos conformes, hay intención de avanzar en una regulación”, indicaron.

Al mismo tiempo, pidieron paciencia a los trabajadores del sector, donde crece el enojo. “Hay muchos colegas muy molestos, pero tratamos de mantener la paz social mientras se busca una solución”, señalaron.