La Provincia de Buenos Aires autorizó nuevas bandas arancelarias para los colegios privados con aporte estatal que comenzarán a regir desde abril, en un contexto marcado por el aumento de costos y las dificultades para sostener el sistema educativo.

La medida fue confirmada por la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA), que había reclamado la actualización tras el cierre de las paritarias docentes.

Con los nuevos valores, los colegios de nivel inicial y primario con 100% de subsidio estatal podrán cobrar hasta $32.880 mensuales, mientras que aquellos con aportes del 40% podrán llegar a $148.660. En el nivel secundario, las cuotas irán de $36.200 a $193.160, y en el caso de la educación técnica, agraria o artística, entre $41.790 y $221.070.

El nuevo esquema fue avalado por la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense y se suma al incremento del 3% aplicado en marzo. Desde el sector privado advierten que los ajustes llegan con atraso frente al ritmo de los costos.

“Estas adecuaciones se dan en un contexto difícil para el financiamiento de la educación de gestión privada”, señaló el secretario ejecutivo de AIEPA, Martín Zurita, quien apuntó al impacto de los aumentos salariales y otros gastos operativos que deben afrontar las instituciones.

Según explicó, uno de los principales problemas es el desfasaje entre los incrementos autorizados y los costos reales: en muchos casos, los colegios deben pagar subas salariales antes de poder trasladarlas a las cuotas.

A esto se suman otros factores que complican el panorama: suba de tasas municipales, caída de matrícula y mayores niveles de morosidad en el pago de aranceles.

El sistema privado representa cerca del 30% de la matrícula en la provincia, con más de 1,3 millones de alumnos, y alrededor del 70% de los establecimientos recibe algún tipo de subsidio estatal, lo que implica que sus cuotas deben ser autorizadas por el Gobierno.

En paralelo, desde el sector advierten sobre un fenómeno que se profundiza: el cierre de escuelas y el deterioro financiero de muchas otras. “Hay instituciones que no cerraron pero están endeudadas o tomando créditos para pagar sueldos”, alertó Zurita.

Con este escenario, el aumento autorizado aparece como un alivio parcial para los colegios, pero vuelve a poner en tensión el equilibrio entre la sostenibilidad del sistema y la capacidad de pago de las familias.