El senador bonaerense Pablo Petrecca (PRO) presentó un proyecto de ley para prohibir el uso de celulares en cárceles de la provincia de Buenos Aires y reemplazar el actual sistema de comunicaciones por un esquema institucional controlado por el Estado.
La iniciativa apunta a dejar atrás el protocolo de emergencia sanitaria implementado en 2020, que aún regula las comunicaciones digitales de unos 49.000 detenidos en el Servicio Penitenciario Bonaerense, sin una ley específica ni control legislativo.
En su lugar, el proyecto propone la creación del Sistema de Comunicación Digital Supervisada (SCDS), una plataforma cerrada que permitirá a los internos comunicarse únicamente con contactos previamente registrados y verificados, sin acceso a internet abierto ni redes sociales.
Según se establece, a partir de la implementación del sistema quedará prohibida la tenencia de teléfonos celulares dentro de las unidades penitenciarias, considerándose una falta grave que podría afectar beneficios como salidas transitorias o la libertad asistida.
“Las cárceles no pueden funcionar como plataformas para la comisión de delitos. Si desde su interior se coordinan extorsiones, amenazas o estafas, el Estado tiene que intervenir con reglas claras”, sostuvo Petrecca.
El proyecto también contempla mecanismos de control y seguimiento, como informes anuales a la Legislatura, supervisión judicial de eventuales restricciones y convenios con empresas de telecomunicaciones para bloquear dispositivos no autorizados dentro de los establecimientos.
Desde el entorno del legislador señalaron que el objetivo es pasar de un esquema excepcional, surgido en el contexto de la pandemia, a una política pública con respaldo legal, trazabilidad y control estatal.
La iniciativa incluye además un capítulo específico para el sistema penal juvenil, con reglas diferenciadas que garanticen el derecho a la comunicación, pero bajo condiciones supervisadas.
El debate se da en un contexto donde distintos casos pusieron en foco el uso de celulares dentro de las cárceles para la comisión de delitos, particularmente maniobras de extorsión digital coordinadas desde el interior de unidades penitenciarias.
En ese sentido, desde el entorno del senador remarcaron que la falta de regulación clara sobre las comunicaciones intramuros no solo afecta el orden dentro de los establecimientos, sino que también impacta en la seguridad pública.
“Esta ley busca ordenar lo que hoy está desordenado, con tecnología, control y reglas claras”, concluyó Petrecca.