Luego de dos jornadas de caos, el servicio de transporte público en Junín, concesionado a la empresa 8 de Octubre, volvió a funcionar este martes por la tarde. Sin embargo, la resolución del conflicto —originado por el despido de un chofer— lejos de traer calma, encendió un debate sobre la legitimidad de las medidas de fuerza y el rol de los actores sindicales y políticos en medio de una emergencia climática.

Fiorini anunció el regreso de las unidades

El intendente Juan Fiorini confirmó el restablecimiento del servicio a través de sus redes sociales: "Sabemos lo importante que es para el día a día de cada vecino; celebramos que se haya encontrado una solución y seguimos trabajando para que la ciudad siga en movimiento".

La declaración llegó luego de que el secretario de Gobierno, Lisandro Benito, fustigara la modalidad de la protesta, calificándola de "extorsiva". El funcionario remarcó que el usuario fue tomado como "rehén" en un conflicto que debió canalizarse por vías administrativas, especialmente considerando que la medida se inició sin previo aviso un lunes por la mañana y bajo condiciones climáticas adversas.

El "confeso" aislamiento del delegado Pérez

La tensión escaló esta mañana con las declaraciones de Martín Pérez, el cuestionado delegado de la UTA en Junín, quien en diálogo con Canal 10 realizó una admisión que complica su situación ante la justicia y el municipio. Pérez reconoció que la UTA (Unión Tranviarios Automotor), a nivel institucional, no avaló el paro.

"Acá estamos entre todos los compañeros porque, en sí, la UTA no avala esto", admitió el delegado . Al ser consultado sobre el riesgo de nuevos despidos por una huelga sin respaldo legal, Pérez fue desafiante: "Miedo no tenemos. El respaldo son los trabajadores porque el sindicato no comparte esta medida de fuerza" . Esta confesión de "anarquía sindical" alimentó las sospechas del Ejecutivo sobre la intencionalidad real del bloqueo.

El "Factor Arata" 

Pérez no solo admitió la falta de apoyo de su gremio, sino que volvió a meter una "cuña política" al validar las críticas de la senadora opositora Valeria Arata. Según el delegado, las unidades de la empresa 8 de Octubre presentan fallas críticas que harían "imposible" cumplir con las normas de velocidad que la patronal alega para el despido del chofer.

"Como dice Arata, acá falta control. No anda el velocímetro de las unidades y no sabemos a qué velocidad vamos. Si es por eso, todos los choferes tendríamos que estar despedidos" , sentenció Pérez, alineándose con el discurso de la legisladora de Fuerza Patria que denuncia una supuesta desidia municipal en la supervisión de la concesión.

El costo social: Bronca en las redes 

Mientras el arco político y sindical se cruzaba acusaciones, el termómetro social de las redes marcó niveles de indignación récord. El paro sorprendió a miles de vecinos en las paradas bajo la lluvia, obligándolos a incurrir en gastos extraordinarios de uber, taxis, remises o largas caminatas para no perder el presentismo laboral.

"Un lunes a la mañana, con el frío y la tormenta que hay, nos dejan a pie sin avisar", fue el grito de guerra en Facebook. La desconfianza del usuario es total: para muchos, la lucha por un despido fue la excusa para una pulseada de poder donde el juninense de a pie terminó siendo el único perjudicado.

Final de una crisis latente

Con los colectivos nuevamente en la calle, el desafío para la gestión de Fiorini será doble: garantizar que la empresa 8 de Octubre cumpla con los estándares de seguridad que el gremio puso en duda y desactivar futuras medidas de fuerza "espontáneas" que, como quedó demostrado, carecen de marco legal pero tienen el poder de paralizar a toda la comunidad.