En el marco de una jornada de protesta que se desarrolla en toda la provincia de Buenos Aires, trabajadores judiciales volvieron a plantear una serie de reclamos estructurales vinculados a salarios, carrera y condiciones laborales.
En Junín, la medida se llevó adelante sin afectar la atención al público y consistió en recorridas por las distintas dependencias, con el objetivo de visibilizar la situación del sector.
El secretario general de la AJB Junín, Fernando De Narda, explicó que uno de los principales problemas es el deterioro salarial, especialmente en los niveles más bajos. “Hoy un ingresante cobra menos de 800 mil pesos, cuando hace algunos años ese salario alcanzaba para cubrir la canasta básica. La pérdida de poder adquisitivo es muy fuerte”, señaló.
En ese sentido, remarcó que el impacto es mayor en los trabajadores con menor antigüedad, quienes no perciben adicionales que sí cobran quienes superan los diez años en el sistema.
Uno de los ejes centrales del reclamo tiene que ver con la falta de implementación de una subcategoría que había sido acordada entre el gremio y la Suprema Corte en una mesa técnica realizada en diciembre. Según indicó De Narda, esa medida permitiría mejorar los ingresos de un sector que hoy quedó relegado.
“La Corte se había comprometido a avanzar, pero no participó en la última paritaria y el tema quedó sin tratamiento”, afirmó.
Además, desde el gremio advirtieron por la falta de cobertura de vacantes y la sobrecarga de trabajo en las distintas dependencias. “Se crean nuevos juzgados, pero no se incorpora el personal necesario y muchas vacantes no se cubren, lo que termina recayendo en los trabajadores”, explicó.
Por último, también señalaron el impacto de la baja en el presupuesto judicial, que en las últimas décadas pasó de representar cerca del 7% al 4% del total provincial, lo que repercute en salarios, infraestructura y funcionamiento general.
Desde la AJB no descartaron que las medidas puedan profundizarse si no hay respuestas concretas por parte de la Suprema Corte y del Gobierno bonaerense.