La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) valoró una serie de fallos judiciales que vuelven a poner en discusión el cobro de tasas viales en municipios bonaerenses, en un contexto donde crecen los cuestionamientos desde el interior productivo.

Las decisiones, registradas recientemente en distritos como Daireaux y Azul, se suman a antecedentes como el de Carlos Casares, donde la Justicia declaró la ilegitimidad del cobro de la tasa vial ante la falta de prestación efectiva del servicio.

Desde la entidad ruralista señalaron que estos pronunciamientos consolidan un criterio que vienen planteando desde hace tiempo: una tasa sólo puede exigirse cuando existe una contraprestación concreta, medible y verificable. De lo contrario, advirtieron, se transforma en un “impuesto encubierto”.

En el caso de Azul, además, la Justicia avanzó sobre la validez formal del tributo, al declarar su inaplicabilidad por no haber sido aprobado con la mayoría requerida, lo que refuerza la necesidad de respetar los procedimientos legales en materia tributaria.

Si bien los fallos se originan en otros puntos de la provincia, el planteo tiene fuerte eco en municipios de la Cuarta Sección Electoral, donde el estado de los caminos rurales es un reclamo recurrente de productores y entidades del agro.

En distritos del noroeste bonaerense, la tasa vial suele estar en el centro de la discusión, especialmente en contextos donde la falta de mantenimiento de los caminos convive con una presión fiscal creciente.

Desde CARBAP sostuvieron que la problemática no es aislada, sino que responde a una situación extendida en distintos municipios, donde productores continúan abonando tasas sin recibir un servicio acorde.

En ese sentido, consideraron que los fallos no solo resuelven casos particulares, sino que envían una señal institucional sobre la necesidad de garantizar transparencia y legalidad en el uso de los recursos públicos.

Asimismo, remarcaron que la red vial rural es clave no solo para la producción, sino también para el acceso a servicios esenciales como salud y educación, por lo que su deterioro impacta directamente en la vida cotidiana del interior.

Finalmente, desde la entidad instaron a los municipios a revisar sus esquemas de financiamiento y a garantizar una correspondencia real entre lo que se cobra y los servicios que se prestan, advirtiendo que la judicialización de estos conflictos es consecuencia de la falta de respuestas concretas.