Durante la última sesión ordinaria la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires aprobó y convirtió en ley un proyecto de la senadora del Frente Renovador, Malena Baro, que modifica el artículo 8 del régimen previsional y evita que los fondos del IPS puedan seguir siendo girados, como hasta el momento, a las arcas provinciales para financiar un eventual déficit de sus cuentas.

Según consta en el texto de la norma, el Instituto de Previsión Social deberá mantener, como hasta el momento, invertidos en condiciones óptimas de seguridad y liquidez y atendiendo al doble aspecto de productividad y fin social, los fondos que constituyen su patrimonio, aunque en ningún caso podrán disponerse de los mismos para otros fines.

Consultada sobre la sanción de la ley, la legisladora por Junín manifestó que “es una gran satisfacción que todos los espacios políticos, tanto en el senado el año pasado cuando obtuvo media sanción como ahora en diputados, hayan acompañado la iniciativa porque la defensa de los derechos de los jubilados bonaerenses y su patrimonio tiene que ser política de estado más allá de cualquier partido”.

Asimismo, al referirse a los alcances de la nueva ley, Baro dijo que “hasta el momento el poder ejecutivo bonaerense contaba con la facultad de emisión de letras previsionales del tesoro sobre los excedentes financieros que en el ejercicio se producían, sin ningún tipo restricción en el destino y, el mismo, lamentablemente terminaba siendo el de financiar los rojos de la mala administración”.

A continuación, Baro enfatizó que “ahora, el poder ejecutivo estará limitado para realizar esta operación y por consiguiente se le está dando una nueva protección a los fondos de los jubilados y de ahora en más, cualquier gobierno que conduzca los destinos de la provincia no podrá descapitalizar el organismo como vino sucediendo durante el sciolismo”. Y amplió: “queremos que se respeten los principales objetivos de la entidad y se asegure un sistema de seguridad social sostenible para los agentes de la administración pública provincial y municipal”.

Finalmente, Baro remarcó que “la sostenibilidad de todo sistema previsional depende de una adecuada ecuación entre aportantes y beneficiarios, y del nivel de cumplimiento de las obligaciones a cargo de los empleadores”.