El oficialismo decidió avanzar en una iniciativa pensada para agradar a los oídos de la clase media, parte esencial de su base electoral: una baja en el gasto político, que tendrá su eje principal en un recorte en la cámara de Diputados, donde prometen en 2018 un presupuesto nominalmente inferior al de este año, al tiempo que podría abrir un debate sobre el régimen jubilatorio de los legisladores.

“Para reducir el déficit fiscal tiene que haber un violento ajuste de la política en cargos y asesores”, dijo Vidal el 20 de julio pasado, en una entrevista televisiva de campaña en la que además  pidió "ajustar el tamaño de las legislaturas", y se mostró en contra de apelar a los contribuyentes para equilibrar el rojo en las cuentas públicas. "Ya no se le puede pedir más a la gente", señaló, para insistir: "Los argentinos no damos más de impuestos".

Esas consignas, ahora, se traducirán en dos iniciativas concretas, tal como publicó hoy en su edición impresa el diario Extra que edita la agencia DIB. Por un lado, Cambiemos presentará, tras las elecciones, proyectos de ley para modificar dos cuestiones concretas: por un lado, la norma que ata el presupuesto de la Legislatura a general de la provincia y establece una relación del 1,5% entre el primero y el segundo, que ya fue redactada y será presentada tras las elecciones.

Al mismo tiempo, cerca de Manuel Mosca, el presidente de la cámara Baja, que funciona como polea de transmisión de la decisión de Vidal en este tema, afirman que ya tienen el respaldo de un grupo de intendentes peronistas y de al menos un sector de massismo para avanzar en la eliminación del mecanismo de doble firma, que implica que el vicepresidente del cuerpo, que siempre es un opositor, tiene poder de veto sobre la distribución del presupuesto. Este último punto, además, recibió el respaldo de legisladores del FpV-PJ en las últimas horas.

En Cambiemos explican que aunque el tratamiento de esos proyectos se retrase, ya en la fijación de Presupuesto de Diputados  se inducirá un “ajuste importante” del gasto, que aún no mensuran con precisión. Sí, en cambio, afirman que en 2018 ese poder del Estado tendrá un presupuesto nominal inferior al de este año, que trepó a los 3.650 millones de pesos.

Un primer rubro que se recortará es el de los contratos para asesores, indican. Además, se buscará avanzar en un nuevo esquema de control de transparencia en el otorgamiento de subsidios, un rubro siempre bajo sospecha.

Al mismo tiempo, buscarán abrir un debate sobre el régimen jubilatorio de los diputados, que contiene privilegios respecto del resto de los ciudadanos, aunque el resultado de ese debate no está asegurado.

Al mismo tiempo, desde el Senado, cuya presidencia está a cargo del vicegobernador Daniel Salvador, no tienen en carpeta proyectos concretos de baja del gasto, aunque aseguran que este año generaron un ahorro de 350 millones de pesos que van a aplicar a la construcción de un nuevo edificio para su biblioteca, que es pública. No descartaron, además, aplicar un recorte, si es acordado entre Vidal y Salvador.

En el Ejecutivo señalaron a DIB que Vidal “ejecutó un recorte de gasto político –básicamente en cargos- del 20 por ciento” y ahora espera que se avance en la Legislatura, mientras por su parte define cambios en la estructura del Ejecutivo, que posiblemente incluyan un recambio de ministros, para después de las elecciones. Son cambios que se hará, dicen, en “estrecha sintonía” con el gobierno nacional.