En medio de la pelea entre el presidente Mauricio Macri y Hugo Moyano, la diputada Graciela Ocaña amplió ayer su denuncia contra el jefe sindical por un presunto desvío de fondos entre la obra social de los Camioneros y un grupo de empresas dirigidas por familiares de Moyano, entre ellos su mujer Liliana Zulet. La presentación recayó en el juzgado federal de Claudio Bonadio.

En el cuarto piso de los tribunales de Comodoro Py, en Retiro, Ocaña entregó personalmente el escrito en el que sugirió al juez Bonadio que “designe un veedor y/o interventor judicial en todas las empresas, a los fines de que no puedan obstaculizar la investigación”. También reclamó que se intervenga la obra social de Camioneros por parte de la Superintendencia de Servicios de Salud.

El argumento que utilizó la diputada de Cambiemos para ampliar sus denuncias originales contra el clan Moyano, que datan de 2009 y 2011, es que ahora consiguió nueva información proveniente de la Inspección General de Justicia (IGJ), como los balances de la obra social de Camioneros y también de las sociedades Iarai S.A, Dixei S.A, Organización de Seguridad Las Marías y Aconra S.A.

Todas esas empresas figuran a nombre de personas de confianza de Moyano. La firma Iarai, por caso, es la que gerencia la obra social del sindicato y “recibe fondos de los aportes obligatorios por ley realizados por empleadores y trabajadores del sector camionero, así como de prestaciones reintegradas por la Administración de Programas Especiales (APE)”, afirmó Ocaña en la denuncia.