Con el antecedente de Pergamino, donde un juez suspendió la fumigación en cuatro campos aledaños a tres barrios donde se halló la presencia de agrotóxicos en el agua, varios municipios comenzaron a analizar medidas para evaluar el impacto de los fitosanitarios a nivel local. Es que a partir de allí se volvió a poner en agenda una temática que preocupa en el interior provincial. Vecinos, concejales y funcionarios iniciaron distintas acciones para conocer el estado de situación en sus distritos, donde según aseguran, las ordenanzas que regulan la aplicación de agroquímicos tienen cumplimiento parcial.

En Lincoln, el Concejo Deliberante aprobó en los últimos días un proyecto presentado por el bloque del Partido Justicialista-FPV para que el Ejecutivo municipal analice la calidad del agua de los pozos de las escuelas rurales del distrito. En ese municipio el año pasado se votó una nueva ordenanza de regulación de agroquímicos, pero los tres puntos principales que establecían las distancias de aplicación de los agroquímicos, fueron vetados.

Del mismo modo, en Chivilcoy se aprobó un proyecto de resolución del bloque PJ Cumplir, en el que se solicita realizar un análisis físico-químico para determinar la presencia de glifosato en las napas cercanas a los establecimientos rurales del partido, que suelen ser fumigadas.

Bragado también avanza una iniciativa similar. La edil Laura Pico, del bloque UCR-Cambiemos, ingresó un proyecto al Concejo Deliberante, donde se solicita que el municipio realice los estudios correspondientes para determinar si el agua que consumen los bragadenses es apta.

La concejal aseguró que la ordenanza de aplicación de agroquímicos no se cumple en ese municipio, así como tampoco la de acopio de bidones de productos, que instruye cómo debe ser el tratamiento de esos envases: "Eso hace que por la misma lluvia, esos productos puedan ser incorporados a las napas y sobre eso no hay un control", indicó.