Las últimas limitaciones a la exportación de maíz de la cosecha 2020/2021, que el ministerio de Agricultura de la Nación resolvió, podrían costarle a la Provincia unos 200 millones de dólares.

Así lo advirtieron autoridades de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), que días atrás emitió unduro comunicado en el que rechazó “cualquier forma de intervención en los mercados”.

La réplica llegó luego de que la cartera que conduce Julián Dominguez decidiera exigirle a los exportadores un nuevo requisito: que presenten las declaraciones juradas de exportación con las “operaciones debidamente respaldadas con sus compras físicas y con barcos nominados con fecha estimada de arribo”. Para el campo, la medida no hace más que agregar incertidumbre, con el riesgo de eventuales pérdidas y el traslado de ese costo al productor. En la Casa Rosada dicen que es para garantizar el abastecimiento interno y la próxima cosecha. Y que la resolución se tomó luego de que -en medio de rumores sobre una suba de retenciones y posibles cierres de la comercializacón- se adelantaran a esta fecha más de dos millones de toneladas de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior que se hubieran hecho en noviembre o diciembre.

“¿Cuál es el temor para restringir o cerrar las exportaciones de maíz?”, se preguntaban en Carbap, seguros de que la Argentina nada hoy en un “mar de maíz”. El titular de Carbap, Horacio Salaverri, explicó en una consulta del diario El Día: “Estas limitaciones interfieren en el mercado y en general se ajusta hacia atrás. El ajuste significa que al limitar la puja en la comercialización hay una rebaja del precio interno que perjudica al productor”.

Pablo Ginestet, el vicepresidente de la entidad que nuclea a los productores bonaerenses, hace un cálculo muy sencillo: el país produce unas 60 millones de toneladas del cereal que hoy vuelve a estar en la mira del Gobierno. De ese volumen, más de 38,5 millones de toneladas se anotaron para su colocación en el exterior. Con lo que quedarían más de 21 millones de toneladas en una Argentina que habitualmente consume 15 millones de toneladas. Por eso “jamás faltará maíz. Hay, y de sobra”, aseguró, taxativo, el dirigente de Carbap. Agregó que las nuevas limitaciones “no tienen razón de ser, desalientan la producción y suman burocracia a un trámite que debería ser ágil, pero cuya aprobación final ahora queda a criterio del Gobierno”.

El ministro Domínguez desmintió que la medida implique un nuevo cepo o cierre a las exportaciones de maíz -como el que a fines del año pasado resolvió su antecesor en el cargo, Luis Basterra-. Y defendió que la intención es garantizar la provisión del mercado interno y atacar la especulación.

Tampoco en el campo hablan de cepo. Pero sí advierten “condicionamientos” para la actividad que en la Provincia podría redundar en una pérdida de entre U$S 150 y 200 millones, según calculó Ginestet.

La estimación bonaerense partió a su vez de un informe difundido por la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina (FADA), que advirtió que los productores podrían perder 1.100 millones de dólares por año “si la intervención de las exportaciones de maíz tiene el mismo efecto que los Registros de Operaciones de Exportación (ROE)” que estuvieron vigentes entre 2008 y 2015. Entonces, esa medida generó una baja promedio del 8 por ciento en el valor del maíz.

En la Provincia, según detalló el vicepresidente de Carbap, se producen unas 13 millones de toneladas del cereal, con lo que aporta alrededor del 20 por ciento a la producción nacional. “En plena siembra del cereal 2021/2022 , los nuevos requisitos del Gobierno podrían repercurtir sobre las intenciones de siembra de los productores”, advirtió Ginestet. Sobre esa cuestión retomó Salaverri: “Esto ya lo hemos vivido -recordó- y sabemos que después, como no hay exportación, aquel que compra ‘pesca en la pecera’ y eso claramente perjudica al productor”. Para el dirigente rural, una medida así “atenta contra la idea de generar inversiones”.