El Gobierno puso en marcha un acuerdo con empresas de consumo masivo, cámaras mayoristas y supermercados para mantener congelado el precio de 1.500 productos por cuatro meses, que llega con una doble novedad: no sólo el control, que podrán hacer los usuarios con una app sino la fiscalización de los intendentes, que se quedarán con parte de las multas que se le labren a las compañías incumplidoras.

Junto con el acuerdo de congelamiento mediante el plan Precios Justos, este viernes se publicó una resolución que apunta a controlar que las empresas mantengan los valores de sus productos hasta marzo, con ayuda de los municipios. La resolución 75/2022 de la Secretaría de Comercio indica que los jefes comunales que se sumen al control, se llevarán una comisión del 25% de las multas que se apliquen.

Para corroborar el cumplimiento de los acuerdos, la Secretaría de Comercio firmará convenios con cada municipio del país que pretenda colaborar. De esa manera, se asegura tener mayor capilaridad para hacer el seguimiento de precios y “amplía la dotación de fiscalizadores” en todo el país.

La Secretaría de Comercio ideó una especie de contrato con los municipios para que sean ellos los que fiscalicen el acuerdo de precios. Serán los intendentes “los que realicen todas las tareas inherentes a la fiscalización, al control y al juzgamiento de los incumplimientos a los acuerdos de precios”, indica la norma.