El nuevo Gobierno deberá pagar vencimientos de deuda por unos US$12.000 millones en apenas cinco meses, lo que plantea un desafío mayúsculo que obligará a renegociar rápido la deuda con el FMI y ganar tiempo hasta que empiecen a entrar las divisas de la cosecha gruesa.

Así lo advierten especialistas que siguen el derrotero de la voluminosa deuda argentina.

"Se puede tener un régimen desdoblado de cambios, en el que de ninguna manera creo, hasta que ingresen los dólares de la cosecha, pero hay que tener en cuenta que nunca un régimen de cambios múltiples como el que tiene la Argentina arrojó un resultado exitoso, en ningún lugar del mundo", señaló el economista Guillermo Mondino, ex jefe de asesores de Domingo Cavallo en el 2001 y hermano de Diana, la economista que es una de las principales espadas de Javier Milei.

"Esto no es sostenible a largo plazo", dijo Mondino en declaraciones al programa Plan M.

En este escenario exigente, los vencimientos entre el último bimestre del año y abril de 2024 obligan al próximo Gobierno a generar un puente hasta que comiencen a ingresar los dólares de la cosecha gruesa.

El ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa, tiene pensado en caso de ganar el balotaje del 19 de octubre comenzar rápidamente una renegociación del programa con el Fondo para aliviar la carga de compromisos de los próximos meses y evitar mayores tensiones cambiarias.

La Argentina canceló el 31 de octubre último un vencimiento de US$2.600 millones, y días después pagó otro US$800 millones. Desde entonces las reservas se mantienen en los niveles más bajos en 18 años. Este viernes cerraron en US$ 21.504 millones, mientras que a fines del 2022 estaban en US$44.588 millones.

En este último bimestre hay compromisos en moneda extranjera por US$ 2.460 millones, entre capital e intereses, según los cálculos de la consultora Equilibra elaborados sobre la base de datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) y el Ministerio de Economía.

De ese total, US$1.600 millones corresponden al FMI mientras que los US$860 millones restantes son a otros organismos.