Lo que parecía una advertencia legislativa se convirtió en una realidad personal para Pablo Petrecca. El senador provincial y exintendente de Junín, quien viene liderando el reclamo por el control de la tecnología en las cárceles bonaerenses, terminó siendo víctima de la misma problemática que busca combatir: su identidad fue el "anzuelo" utilizado por una organización criminal para estafar a comerciantes de la región.

Según la investigación de la DDI Junín (G.O. Chacabuco), los delincuentes no solo operaban desde las Unidades Penitenciarias N° 13 y 16, sino que demostraron una audacia sin precedentes. Utilizaron la fotografía y el nombre del senador en perfiles de WhatsApp para contactar a proveedores y cerrar compras fraudulentas.

Bajo la falsa identidad de Petrecca, la banda lograba que los comerciantes —confiados en la investidura del interlocutor— entregaran mercadería de alto valor sin la acreditación inmediata del pago. El propio legislador debió radicar una denuncia online ante el Ministerio Público Fiscal al constatar que su imagen estaba siendo el motor de este "call center" delictivo.

 

Detalles de la logística: Millones en juego

La información suministrada por la DDI revela que la organización tenía una estructura de "Asociación Ilícita" perfectamente aceitada. No solo apuntaron a Junín, sino que extendieron sus tentáculos a Chacabuco, Los Toldos y Pergamino:

Engaños institucionales: Además de Petrecca, se hacían pasar por presidentes de clubes (como San Martín de Chacabuco o Viamonte Fútbol Club) para pedir presupuestos de cubiertas, pinturas y herramientas.

El botín: Lograron sustraer 6 cubiertas de camión de primera marca, 29 latas de pintura de 20 litros (valuadas en más de 4 millones de pesos), motoguadañas y puertas de aluminio.

Fletes y ramificaciones: Una vez que el comerciante accedía a la venta telefónica, la banda enviaba fletes a retirar los productos. La mercadería era trasladada inmediatamente a Junín y Pergamino, donde una red externa de "aprehendidos por encubrimiento" se encargaba de ocultarla y reintroducirla en el mercado ilegal.

 

Un proyecto que cobra fuerza ante los hechos

Este operativo policial le da un impulso decisivo al proyecto de Petrecca para derogar el protocolo que permite el uso de celulares privados en las cárceles. Para el senador, el hecho de haber sido utilizado como herramienta para estafar a sus propios vecinos es la prueba irrefutable de que el sistema actual es insostenible.

La propuesta legislativa busca reemplazar los dispositivos privados por un Sistema de Comunicación Digital Supervisada (SCDS). Este modelo permitiría que los internos se comuniquen solo con números verificados y sin acceso a redes sociales o aplicaciones de mensajería que permitan el uso de perfiles falsos.

"No se puede permitir que el Estado facilite las herramientas para que un delincuente, desde su celda, le robe el fruto de su trabajo a un comerciante de Chacabuco o Pergamino usando el nombre de un representante del pueblo", sostienen desde el entorno del legislador.

Los recientes allanamientos simultáneos en Junín, Pergamino y las Unidades Penitenciarias 13 y 16 no solo dejaron al descubierto la audacia de las organizaciones criminales, sino que también pusieron en el centro del debate político la necesidad de un nuevo marco legal para las comunicaciones en contextos de encierro.

En este escenario, el proyecto de ley presentado por el senador provincial Pablo Petrecca (PRO) adquiere una nueva perspectiva: ya no se trata solo de una reforma administrativa, sino de una herramienta para neutralizar lo que el legislador denomina las "plataformas para la comisión de delitos".

 

De la excepción a la "oficina delictiva"

La iniciativa de Petrecca apunta a derogar el protocolo de emergencia sanitaria de 2020, que permitió el uso de celulares durante la pandemia. Según el senador, lo que nació como una excepción para 49.000 detenidos se transformó en un sistema sin reglas claras ni control estatal.

"Las cárceles no pueden funcionar como call centers del delito. Si desde su interior se coordinan extorsiones y estafas, el Estado tiene que intervenir con tecnología y reglas firmes", sostuvo Petrecca al fundamentar su propuesta. La realidad le dio la razón esta semana: la banda recientemente desarticulada utilizaba incluso la imagen del propio legislador en WhatsApp para engañar a comerciantes y retirar mercadería por millones de pesos.

La alternativa: El Sistema de Comunicación Digital Supervisada (SCDS)

A diferencia de una prohibición total que podría generar conflictos de derechos, la propuesta de Petrecca plantea una transición hacia el SCDS, un modelo que busca el equilibrio entre el derecho a la comunicación y la seguridad pública:

Plataforma Cerrada: Se reemplazarían los celulares privados por un sistema institucional controlado por el Estado.

Trazabilidad Total: Los internos solo podrían comunicarse con contactos previamente registrados y verificados.

Sin Internet Abierto: El esquema excluiría el acceso a redes sociales y herramientas digitales no autorizadas.

Bloqueo Tecnológico: El proyecto contempla convenios con operadoras para el bloqueo por IMEI de cualquier dispositivo no autorizado dentro de los penales.

Un debate que escala en la Legislatura

El proyecto de Petrecca no es el único en danza; se suma a iniciativas de otros bloques, como el de Malena Galmarini (Frente Renovador), que también propone la instalación de inhibidores de señal. Sin embargo, el enfoque del exintendente de Junín pone el foco en la trazabilidad y la institucionalización, buscando convertir una medida excepcional en una política pública de largo plazo.

Con el reciente golpe de la DDI a la banda que operaba desde las UP 13 y 16, la presión sobre la Legislatura bonaerense aumenta. La pregunta ya no es si se debe regular el uso de tecnología en las cárceles, sino qué tan rápido puede el Estado recuperar el control de las comunicaciones detrás de los muros.

Es casi una ironía del destino, pero una ironía peligrosa. Que los mismos delincuentes a los que Petrecca busca quitarles el celular hayan usado su cara para estafar, demuestra que las cárceles hoy no tienen muros para la tecnología. El golpe de la DDI es importante, pero el problema de fondo sigue marcando el número de los comerciantes de la zona desde una celda.