La implementación de la reforma laboral impulsada por el Gobierno Nacional atraviesa un momento de fuerte incertidumbre judicial. El abogado Ignacio Iúdica, asesor de diversos gremios juninenses, brindó claridad sobre la vigencia de los derechos de los trabajadores mientras se resuelve la cuestión de fondo en la Corte Suprema.
Iúdica recordó que la Justicia Nacional del Trabajo hizo lugar a un amparo interpuesto por la Confederación General del Trabajo (CGT), lo que generó una suspensión con efecto "erga omnes" (para todos los trabajadores del país). "Esta ley, que el Congreso llamó de modernización, es en realidad una flexibilización que viene a tirar abajo derechos e institutos consagrados por años y amparados por la Constitución", señaló el letrado.
Ante esta suspensión, el gobierno ha intentado cambiar la competencia de la causa. Según explicó Iúdica, el Estado busca que intervenga el Fuero Contencioso Administrativo en lugar del Laboral. "El contencioso es un fuero donde litiga el Estado y no se tienen en cuenta las particularidades y la vulnerabilidad del trabajador" El argumento oficial es que la justicia del trabajo es "juez y parte", una postura que el abogado juninense desestimó de plano.
El especialista destacó -durante una entrevista con Canal 10 de Junín- dos aspectos de la reforma que ya están siendo declarados inconstitucionales en diversas jurisdicciones de la provincia de Buenos Aires:
Pago en 12 cuotas: La nueva ley permite a las empresas pagar las sentencias judiciales en un plan de cuotas anual. "El legislador no puede meterse en el bolsillo del trabajador. Esto no es una compra con tarjeta de crédito; es el pago de derechos ante un despido arbitrario", sentenció Iúdica
Banco de horas: Se refirió a este instituto como una forma de evitar el pago de horas extras o compensar feriados con descansos en días de semana. "Con la ley suspendida, su aplicación inmediata no corresponde"
Frente a la consulta sobre cómo actuar ante un despido en este contexto, el abogado fue tajante: el trabajador debe apegarse a la ley anterior. "Aunque la empresa quiera argumentar la vigencia de la nueva normativa, el empleado puede plantear que está suspendida y que es inconstitucional para su caso concreto" .
Finalmente, sobre los tiempos de resolución, Iúdica advirtió que aunque la ley prevé procesos rápidos de tres meses, la realidad judicial es otra. "Vemos decretos de hace dos años esperando en la Corte. Por eso el apuro del gobierno en intentar levantar la cautelar ahora"