El debate por el uso de teléfonos celulares en cárceles volvió a tomar impulso a partir de las diferencias entre las políticas aplicadas por el Gobierno nacional y la situación en la provincia de Buenos Aires.

En los últimos días, desde Nación se autorizó la instalación de tecnología para detectar y bloquear dispositivos en cárceles federales, con el objetivo de evitar la comisión de delitos desde el interior de los penales.

En ese marco, el senador provincial Pablo Petrecca cuestionó la falta de avances en territorio bonaerense, donde —según planteó— continúa vigente un esquema sin regulación integral sobre el uso de celulares en unidades penitenciarias.

El legislador sostuvo que el problema no es nuevo y advirtió sobre las consecuencias que tiene en la vida cotidiana, a partir de estafas y maniobras delictivas que, en muchos casos, se organizan desde dentro de las cárceles.

Asimismo, remarcó que la discusión no pasa por restringir derechos, sino por establecer mecanismos de control que permitan ordenar el sistema y evitar abusos.

El uso de dispositivos móviles en contextos de encierro es un tema que viene generando debate en los últimos años, tanto por la necesidad de garantizar la comunicación de las personas privadas de libertad como por los riesgos asociados a su utilización sin control.

En ese escenario, las diferencias entre las políticas implementadas a nivel nacional y la falta de una normativa específica en la provincia vuelven a poner el tema en agenda.