Mientras los abogados corren contra vencimientos que no admiten demora, la justicia penal en Junín fija juicios para 2028. El sistema exige rigor, pero no lo ofrece. Y en ese desfasaje, lo que se erosiona no es el plazo: es la justicia misma.

Hay una forma de esclavitud que no deja marcas visibles. No se denuncia en voz alta, no se discute en los tribunales, pero organiza la vida con una precisión absoluta. Se llama plazo.

El abogado vive en él. No como quien administra el tiempo, sino como quien está sujeto a él. Cada día es una cuenta regresiva. Cada decisión, una urgencia. Cada escrito, un límite. El abogado no transita el tiempo: responde a él.

Pero ese sometimiento tiene un sentido. El plazo no es propio. Es del otro. Del justiciable. De quien espera. Y en esa espera se juega algo más que un expediente: se juega la confianza en el sistema.

El cliente no trae solo un caso. Trae una expectativa. La de ser oído, la de ser comprendido, la de ser defendido en tiempo. Y el abogado, fiel a ese compromiso, ordena su vida en función de esa promesa. Cumple, porque no puede no cumplir.

Sin embargo, hay una paradoja que ya no puede ocultarse: mientras al abogado se le exige puntualidad, el sistema judicial funciona en tiempo diferido.

Hoy, en Junín, los juicios penales se están fijando para el año 2027, e incluso más allá de marzo de 2028. No es una exageración. Es un dato. El tiempo del proceso penal se ha desprendido de la vida real. Y cuando el tiempo se desordena, las consecuencias son inevitables.

Personas privadas de su libertad llegan al juicio con gran parte de la pena ya cumplida. Si son condenadas, no han transitado ningún proceso real de reinserción. Si son absueltas, el Estado ya les ha quitado años de vida sin condena.

Las víctimas, por su parte, esperan. Y en esa espera se desgasta la confianza. La justicia tardía no repara: decepciona.

La política ausente: oficialismo y oposición frente a una justicia en espera.

El problema no es solo de plazos. Es estructural. Una política criminal que muchas veces acumula causas sin sustento sólido. Un control de imputación débil, que permite que casi todo llegue a juicio. Y una falta de lineamientos claros que ordenen el sistema.

El resultado es un sistema saturado, que produce más expedientes que soluciones. Pero hay un punto donde el análisis deja de ser técnico y se vuelve político.

Consejo de la Magistratura, Ejecutivo y Senado: una cadena de demoras sin responsables visibles

La situación actual no es casual. Es el resultado de decisiones que no se toman. El Consejo de la Magistratura selecciona, pero no designa. El Poder Ejecutivo propone, pero demora. El Senado presta acuerdo, pero no trata. Y en ese circuito detenido, la justicia queda suspendida.

Cada cargo vacante no es una formalidad pendiente: es una decisión que no llega.

La responsabilidad es política: oficialismo y oposición frente a la crisis judicial.

Oficialismo y oposición comparten, en este punto, una responsabilidad institucional indelegable. La demora en la cobertura de cargos no puede seguir siendo tolerada como una cuestión secundaria. El silencio político frente a esta crisis no es neutral: es funcional a su profundización.

Una justicia en subrogancia permanente: consecuencia directa de la parálisis política.

En ese contexto, la justicia correccional de Junín atraviesa una situación crítica. Tres juzgados, una sola firma. La subrogancia dejó de ser excepción para convertirse en regla. Y el sistema funciona, pero lo hace al límite.

Sin jueces no hay justicia: la deuda del poder político con Junín.

Lo más grave es que no faltan personas capacitadas. Existen funcionarios y secretarios que han rendido, aprobado y se encuentran en ternas vigentes, con experiencia, conocimiento y vocación. Sin embargo, siguen ocupando lugares intermedios, sosteniendo el funcionamiento diario sin la investidura formal que corresponde.

Hacen lo que no firman y firman lo que no hacen. No es una metáfora. Es una descripción.

El sistema se sostiene sobre su trabajo, pero no los reconoce como debería. Y esa disociación entre función y decisión política no solo es injusta: es ineficiente.

El costo de no decidir: cuando nadie decide, todos son responsables

Junín no necesita más diagnósticos. Necesita nombramientos.

Porque el abogado podrá seguir cumpliendo plazos. Podrá seguir sosteniendo la expectativa del justiciable. Podrá seguir trabajando contra el tiempo.

Pero hay algo que no puede reemplazar: la decisión política.

Cuando el sistema exige puntualidad pero ofrece demora, cuando impone plazos pero no los respeta, cuando obliga a correr en un terreno inmóvil, deja de ser justicia.

Se convierte en simulacro. Y en ese simulacro, el plazo ya no ordena. El plazo encubre.