La problemática de la violencia en el ámbito escolar volvió a instalarse en la agenda pública de Junín y generó un cruce de posiciones entre el Municipio y el sector docente.

Mientras desde el gobierno local se puso en marcha una mesa de trabajo con distintos actores sociales e institucionales, desde SUTEBA manifestaron su preocupación por haber sido excluidos de la convocatoria y reclamaron formar parte del espacio.

Reclamo por participación

La secretaria general del gremio en la ciudad, María Silvia Velasco, cuestionó la falta de convocatoria y sostuvo que el sector docente tiene un rol clave en el abordaje de estas situaciones.

“Creemos que nos tendrían que haber invitado porque representamos a los docentes y tenemos propuestas concretas para hacer”, señaló.

El planteo surge luego de un encuentro en el que participaron representantes del Municipio, el Ministerio Público Fiscal, autoridades educativas, directivos, instituciones intermedias y profesionales, con el objetivo de avanzar en una guía de actuación ante hechos de violencia y fortalecer programas de contención.

Desde el Ejecutivo, la secretaria de Desarrollo Humano, Melina Fiel, había destacado que la convocatoria incluyó a distintos sectores vinculados a niñez, juventud y comunidad.

Propuestas y enfoque integral

En ese marco, SUTEBA difundió un documento en el que plantea la necesidad de ampliar la mesa intersectorial e incorporar a organizaciones sindicales docentes y auxiliares, junto a otros actores del sistema educativo, de salud, judicial y de seguridad.

Además, el gremio presentó diez ejes de trabajo que consideran centrales para abordar la problemática, entre ellos la elaboración de un mapeo territorial de zonas críticas, el abordaje de los riesgos digitales, el fortalecimiento de la salud mental en niñeces y adolescencias y la actualización de los planes de prevención en las instituciones educativas.

También plantean la necesidad de mayor inversión en políticas de promoción de derechos, el acompañamiento a docentes y equipos directivos, y la generación de espacios de participación para estudiantes y comunidades educativas.

Una problemática en crecimiento

Desde el sindicato remarcaron que la violencia escolar no puede abordarse de manera aislada, sino que requiere un enfoque integral y articulado entre el Estado y la comunidad.

En ese sentido, insistieron en que la inclusión de todos los actores involucrados resulta clave para construir respuestas eficaces frente a una problemática que genera creciente preocupación en el ámbito educativo y social.