Los directores de las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC) de la Cuarta Sección Electoral volvieron a expresar su preocupación ante la posibilidad de que el Gobierno nacional avance con la eliminación del régimen de Zona Fría y confirmaron que trabajan nuevamente de manera conjunta para intentar frenar la medida.

Desde el sector remarcaron que ya debieron intervenir en dos oportunidades anteriores frente a iniciativas similares y alertaron sobre las consecuencias que tendría la quita del beneficio en distintas ciudades del noroeste bonaerense.

Uno de los funcionarios que se pronunció sobre el tema fue Adrián Pérez, quien señaló a INFONOROESTE que en General Viamonte el régimen alcanza actualmente a más de 4.100 hogares, distribuidos entre Los Toldos y Baigorrita.

“Eliminar la Zona Fría de nuestra región es sentenciar a miles de usuarios a pagar tarifas muy altas. Esto vulnera derechos, afecta la salud física y mental de los vecinos y repercute en comercios, clubes e instituciones intermedias”, sostuvo.

Además, explicó que el impacto económico sería inmediato para los usuarios residenciales. Como ejemplo, detalló que una factura de $50.000 podría pasar a costar más de $71.000 si se elimina el descuento del 30%, mientras que quienes hoy cuentan con un beneficio del 50% podrían llegar a pagar cerca de $100.000.

“No es un subsidio estatal”

Desde las OMICs insistieron además en aclarar que el esquema de Zona Fría no se financia con recursos del Estado nacional, sino mediante un fondo fiduciario sostenido con aportes de todos los usuarios del país.

“Ese dinero se redistribuye hacia las regiones más frías, donde el consumo de gas no es una elección sino una necesidad”, señalaron.

En ese sentido, remarcaron que la eliminación del régimen implicaría desconocer las diferencias climáticas entre distintas regiones del país.

“Mientras en otras zonas del país se calefaccionan durante tres meses, en el noroeste bonaerense el uso de estufas se extiende entre seis y ocho meses al año”, indicaron.

Impacto sanitario y social

Otro de los puntos planteados por los directores de OMIC fue el impacto sanitario que podría generar la eliminación del beneficio.

“El gas es un servicio esencial de salud pública en regiones con bajas temperaturas. Muchas familias se verían obligadas a restringir la calefacción, aumentando enfermedades respiratorias y empeorando la calidad de vida”, advirtieron.

Finalmente, remarcaron que continuarán realizando gestiones y acciones institucionales para defender la continuidad del régimen vigente y evitar un aumento que, según señalaron, afectaría de manera directa a miles de familias de la región.