El gobierno de Provincia de Buenos Aires, encabezado por Axel Kicillof, avanzó con una nueva reglamentación que endurece los controles administrativos y técnicos para que los municipios puedan acceder a fondos destinados a obras públicas.

La medida quedó establecida mediante la Resolución 231 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, conducido por Gabriel Katopodis.

La normativa establece nuevas exigencias para liberar desembolsos económicos, entre ellas la presentación de memorias descriptivas, planos, presupuestos detallados y certificaciones firmadas por funcionarios municipales.

Además, la Provincia podrá revisar la razonabilidad de los montos presentados y controlar que no exista superposición con otras obras en ejecución.

Pagos atados al avance de obra

El esquema también fija condiciones vinculadas al grado de ejecución de los proyectos para habilitar nuevos desembolsos.

Según la reglamentación, los municipios deberán acreditar un mínimo del 20% de avance para acceder al segundo pago y superar el 50% de ejecución para recibir un tercer desembolso.

En paralelo, la resolución advierte que podrían suspenderse pagos o bloquearse nuevos proyectos en caso de detectarse irregularidades o incumplimientos en los mecanismos de control.

La decisión provincial se conoce en un contexto de fuerte presión financiera sobre los municipios y mientras intendentes de distintos espacios políticos impulsan reclamos para obtener mayor flexibilidad en el uso de recursos.

El reclamo de los intendentes

En las últimas semanas, jefes comunales de diferentes sectores comenzaron a reclamar en la Legislatura bonaerense que el Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal pueda ser utilizado íntegramente de manera libre.

Actualmente, el 70% de esos recursos es de libre disponibilidad, mientras que el 30% restante debe destinarse obligatoriamente a programas específicos de infraestructura.

Los intendentes sostienen que la caída de la actividad económica, la reducción de ingresos y el aumento de los costos operativos obligan a los municipios a priorizar gastos corrientes, salarios y funcionamiento básico de los servicios.

En ese marco, la nueva resolución provincial aparece como un contraste frente a los pedidos de mayor autonomía financiera impulsados por las comunas.

Mientras la Provincia refuerza controles y condiciona los desembolsos al avance de obras específicas, los municipios buscan ampliar el margen de maniobra para afrontar una situación económica cada vez más compleja.