Representantes de oficinas municipales de información al consumidor (OMIC), asociaciones y organismos de defensa de usuarios de la Cuarta Sección Electoral elevaron un pedido formal a senadores nacionales para que rechacen el proyecto que modifica el régimen de subsidios de gas natural por Zona Fría establecido en la Ley 27.637.

A través de un documento dirigido a la Cámara Alta, las entidades manifestaron su “profunda preocupación” por la iniciativa que ya cuenta con media sanción de Diputados y advirtieron que implicaría “un grave retroceso en materia de acceso equitativo a servicios públicos esenciales”.

En el escrito, sostienen que la ampliación del régimen de Zona Fría “no constituyó una concesión arbitraria”, sino una política pública sustentada en “criterios bioambientales, temperaturas medias, altos índices de humedad, necesidades reales de calefacción y condiciones socioeconómicas”.

Además, remarcaron especialmente la situación de distintas localidades bonaerenses, donde las condiciones climáticas obligan a un elevado consumo de gas durante gran parte del año.

“La zona fría no se creó por afinidad política, sino por temperatura, humedad, consumo energético y necesidad real de calefacción. El frío no desaparece porque se elimine un beneficio tarifario”, expresaron.

Las OMIC también señalaron que el sistema actual es “solidario y autofinanciado”, y remarcaron que no representa “un regalo”, sino una herramienta de compensación territorial destinada a garantizar un acceso razonable a un servicio esencial.

Entre las consecuencias que podría generar la eventual aprobación del proyecto, mencionaron aumentos significativos en las tarifas residenciales, afectación directa sobre jubilados y sectores vulnerables, además de un impacto negativo sobre comercios y economías regionales.

“Las familias, jubilados, trabajadores y pequeños comercios ya atraviesan una situación económica muy difícil. Quitar este esquema implicaría trasladarles una carga que muchos no podrán afrontar”, advirtieron.

Asimismo, plantearon que cualquier retroceso en materia de acceso a servicios públicos esenciales debe respetar “los principios de progresividad, equidad territorial y protección de consumidores y usuarios” establecidos en el artículo 42 de la Constitución Nacional.

Por ese motivo, solicitaron formalmente a los senadores nacionales el rechazo del proyecto actualmente en tratamiento. Como alternativa, pidieron al menos excluir del nuevo esquema a las localidades que fueron incorporadas al régimen mediante la Ley 27.637 y abrir instancias de debate técnico y federal.

“Hoy más que nunca necesitamos legisladores que miren la realidad concreta de sus provincias y defiendan el acceso equitativo a servicios esenciales”, concluye el documento firmado por representantes de organismos de defensa del consumidor de la región.