Desde el radicalismo señalaron que las decisiones se tomaron “sin explicaciones públicas, sin criterios comunicados formalmente y, en muchos casos, sin respetar los tiempos de notificación que la ley y la organización laboral exigen”.

En el texto, remarcaron que instituciones con matrículas similares recibieron tratamientos diferentes, ya que “en algunas se cerraron cursos y en otras con las mismas características no”, y cuestionaron la falta de información oficial sobre los criterios utilizados.

“¿Con qué criterio se decidió? Esa es la pregunta central que Andrea Castronuevo no respondió”, expresaron desde la UCR, al tiempo que advirtieron que “cuando el Estado toma decisiones que afectan directamente a docentes, estudiantes y familias sin dar explicaciones, no está ejerciendo su función con responsabilidad”.

No obstante, aclararon que no cuestionan la facultad de las autoridades educativas para reorganizar el sistema, gestionar la matrícula o planificar la oferta educativa, aunque sostuvieron que esas acciones “deben ejercerse con criterios claros, con planificación real, con comunicación oportuna y con respeto hacia las personas que sostienen el sistema”.

Otro de los puntos planteados en el comunicado está vinculado a la reciente presentación de nuevas carreras y propuestas educativas para el distrito. En ese sentido, el radicalismo se preguntó si esas iniciativas fueron “gestionadas con recursos genuinos, debidamente planificados y aprobados con anterioridad”, o si las horas necesarias para sostenerlas “provienen del cierre de los cursos”.

Además, solicitaron precisiones sobre el rol de la Jefatura Regional de Educación, encabezada por Florencia Ratto, y reclamaron conocer “qué supervisión ejerció” sobre estas decisiones.

La UCR también apuntó al impacto que las medidas tienen sobre docentes, estudiantes y familias. “Detrás de cada curso cerrado hay docentes que pierden horas de trabajo, que pasan meses en la incertidumbre y estudiantes que vieron modificada su trayectoria escolar”, señalaron.

Por último, el comunicado incluyó un reclamo hacia el intendente Darío Golía y el gobierno municipal. “La educación pública no es una responsabilidad exclusivamente provincial”, sostuvieron, y remarcaron que la comunidad “tiene derecho a reclamar que se informe claramente de dónde provienen los recursos destinados a estas nuevas propuestas educativas”.

“Transparencia, criterios claros y responsabilidad institucional. No es demasiado pedir”, concluye el documento difundido por el Comité Alem de la Unión Cívica Radical Chacabuco.