El avance de las denominadas "intimidaciones públicas" y falsas amenazas de bomba en los establecimientos educativos de nuestra ciudad llegó al recinto del Concejo Deliberante de Junín. Durante el desarrollo de la última sesión ordinaria, se aprobó de forma unánime un pormenorizado pedido de informes dirigido formalmente a las autoridades de la Jefatura Regional y Jefatura Distrital de Educación, con el objetivo de encender las alarmas y coordinar acciones urgentes frente a una problemática que afecta la normalidad del ciclo lectivo.

La iniciativa legislativa fue presentada y argumentada en el recinto por la concejal de la Unión Cívica Radical (UCR), Orlanda D'Andrea. La edil radical, valiéndose de su amplia experiencia en el terreno pedagógico y la gestión educativa local, expuso la profunda preocupación que reina en las comunidades escolares de Junín —tanto de equipos directivos, docentes, como de padres y alumnos— ante la reiteración de llamados y mensajes de alerta que obligan a activar sistemáticamente costosos operativos de evacuación y seguridad.

Los puntos clave que solicita el proyecto

El documento legislativo aprobado por el cuerpo de concejales busca recabar datos oficiales precisos y actualizados respecto al impacto real que estas conductas delictivas están generando en la organización diaria de las escuelas del distrito. Entre los ejes centrales de la solicitud se destacan:

Estadísticas y estado de situación: Conocer con exactitud la cantidad de establecimientos educativos públicos y privados de Junín que han sido blanco de este tipo de amenazas en lo que va del presente ciclo lectivo.

Aplicación de protocolos de evacuación: Informar sobre el desarrollo y la efectividad de los protocolos de contingencia aplicados en cada caso, evaluando el tiempo de pérdida de jornadas de clases y las complicaciones logísticas para reubicar transitoriamente a los alumnos en espacios seguros fuera de los edificios.

Abordaje y contención psicopedagógica: Saber si se están implementando dispositivos de asistencia y contención para los estudiantes y el personal ante las situaciones de angustia y estrés que provocan las reiteradas evacuaciones.

Acciones preventivas y concientización: Detallar qué programas o talleres de concientización sobre el uso responsable de las líneas de emergencia y las consecuencias penales de la intimidación pública se están dictando dentro de las aulas para desincentivar estas prácticas entre las juventudes.

Una problemática que excede las aulas

Durante su alocución en el recinto legislativo, la concejal D'Andrea remarcó que las falsas amenazas de bomba no deben ser tomadas bajo ningún concepto como una "travesura estudiantil", sino como un delito tipificado en el Código Penal que genera un severo perjuicio a toda la sociedad.

La edil radical hizo hincapié en que cada llamada falsa moviliza de manera innecesaria y masiva recursos críticos del Estado local, tales como dotaciones del Cuartel de Bomberos, la Brigada de Explosivos, ambulancias del servicio de emergencias médicas, patrulleros de la Policía Bonaerense y personal de la Agencia de Seguridad Vial municipal, desprotegiendo en simultáneo otros cuadrantes operativos de la ciudad. Con este pedido de informes, los concejales buscan sentar una base de datos clara para articular de manera inmediata un comité de crisis conjunto entre la Dirección General de Cultura y Educación provincial, el Municipio y las fuerzas de seguridad operantes en el distrito.