La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) expresó su respaldo al anuncio realizado por el presidente de la Nación sobre la reducción de los Derechos de Exportación (DEX), aunque planteó que el proceso debería avanzar con mayor rapidez y establecer de manera explícita un horizonte de eliminación definitiva de las retenciones.

A través de un comunicado, la entidad ruralista señaló que la medida representa una señal positiva para el sector productivo y se encuentra en línea con las políticas impulsadas por el Gobierno nacional en materia de reducción de la presión impositiva, apertura económica, libertad de comercio y ordenamiento de las cuentas públicas.

Desde CARBAP destacaron que los avances en materia macroeconómica contribuyen a generar mayor previsibilidad para la producción y la inversión, al tiempo que reafirmaron la importancia de consolidar el equilibrio fiscal como una política de Estado.

“La estabilidad macroeconómica es una condición indispensable para el crecimiento sostenido de la Argentina y constituye una demanda histórica de quienes producen, invierten y generan empleo en todo el país”, señalaron.

Preocupación por la presión fiscal provincial y municipal

La entidad también advirtió que el esfuerzo por sostener el equilibrio fiscal no debería recaer exclusivamente sobre el sector productivo y manifestó preocupación por la proliferación de tasas municipales y tributos provinciales.

Según indicaron, mientras el Gobierno nacional avanza en la reducción de impuestos, en distintos niveles del Estado aparecen nuevos gravámenes que terminan compensando lo que se elimina a nivel nacional.

En ese sentido, remarcaron que la competitividad del agro no depende únicamente de las retenciones, sino también de una estructura impositiva provincial y municipal que, según sostienen, requiere una revisión profunda.

“No es razonable que el esfuerzo recaiga sobre un único sector”

CARBAP consideró además que el cronograma anunciado debería contemplar una reducción más acelerada de los Derechos de Exportación.

Si bien reconocieron la necesidad de mantener el equilibrio de las cuentas públicas, afirmaron que no resulta razonable que dicho objetivo continúe apoyándose sobre un impuesto que califican como distorsivo y que, según sostienen, desalienta la producción, limita las exportaciones y reduce las inversiones.

La entidad señaló que el agro continúa en una situación de desigualdad frente a otras actividades económicas que ya no tributan derechos de exportación o que cuentan con regímenes especiales de promoción e incentivos.

El pedido: una ley que garantice previsibilidad

Entre los principales reclamos, CARBAP planteó que el esquema anunciado no debería tener como meta final el año 2028, sino establecer claramente un sendero hacia la eliminación total de las retenciones.

Asimismo, propuso que ese compromiso quede plasmado en una ley que otorgue previsibilidad y seguridad jurídica a largo plazo, evitando que futuras administraciones vuelvan a implementar este tipo de gravámenes.

Como respaldo a su postura, la entidad citó recientes observaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), que identificó a los Derechos de Exportación como uno de los impuestos más distorsivos para la economía argentina y señaló que su eliminación podría favorecer el crecimiento, las exportaciones, la inversión y la incorporación de tecnología.

“Más producción significa más actividad económica, más empleo, más exportaciones, más divisas y una mayor capacidad de generación de riqueza para el conjunto del país”, sostuvo la entidad.

Finalmente, CARBAP reafirmó su acompañamiento a las medidas orientadas a fortalecer la estabilidad macroeconómica y la inversión, aunque insistió en que el objetivo final debe ser la eliminación definitiva de los Derechos de Exportación y la construcción de un sistema tributario que incentive la producción agropecuaria.