La posible derogación de la ampliación de la Zona Fría sancionada en 2021 generó una fuerte reacción en distintos municipios, que comenzaron a desplegar estrategias para intentar frenar el recorte del beneficio que reduce entre un 30% y un 50% las tarifas de gas en 94 distritos bonaerenses.

Mientras el proyecto impulsado por el Gobierno nacional ya obtuvo media sanción en Diputados y podría ser tratado esta semana en el Senado, intendentes, organizaciones de usuarios y gobiernos locales avanzan con campañas de recolección de firmas, petitorios, movilizaciones y la posibilidad de recurrir a la Justicia para defender el régimen.

El director de la OMIC Bragado, Rolando Marchetti, dijo que “es un derecho adquirido desde el año 2021 y hoy están buscando derogarlo. Esto sería un perjuicio para todos los que tenemos este derecho”, señaló.

El funcionario remarcó que el beneficio vigente no representa un “subsidio de lujo”, sino una ayuda para afrontar el costo de los servicios en las zonas alcanzadas por la ley. Según explicó, el proyecto establece que quienes perciban ingresos superiores a tres canastas básicas, aproximadamente 4.400.000 pesos mensuales, perderían el beneficio.

Sin embargo, advirtió que incluso quienes continúen dentro del régimen sufrirían aumentos. “La ley actual aplica el descuento sobre el total de la factura. Con el nuevo esquema, el subsidio sería únicamente sobre el componente gas, que representa alrededor del 13% de la boleta. El otro 87%, correspondiente a transporte, distribución e impuestos, no se tocaría”, afirmó.

Además, indicó que el beneficio propuesto sería considerablemente menor y podría traducirse en incrementos de hasta un 50% en las facturas para muchos usuarios.