El delegado regional del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires y asesor legal de la CGT Regional Junín, Nicolás Gauna, cuestionó los alcances del Decreto 407/2026 promulgado por el Gobierno nacional y advirtió que la normativa implica una transformación profunda del modelo sindical argentino.

A través de un análisis jurídico, el funcionario sostuvo que el decreto “instrumenta una reconfiguración sistémica del derecho colectivo del trabajo” y genera un escenario de mayor vulnerabilidad para los trabajadores, tanto en el plano individual como colectivo.

Uno de los puntos centrales observados por Gauna es el referido a la denominada ultraactividad de los convenios colectivos. Según explicó, el artículo 4 de la reglamentación fija el 31 de diciembre de 2026 como fecha límite para la renegociación de los convenios vencidos, situación que, a su entender, podría derivar en la pérdida de derechos conquistados por distintos sectores laborales a lo largo de los años.

“El estándar de derechos de los trabajadores retrocede masivamente al piso básico de la Ley de Contrato de Trabajo, perdiéndose conquistas sectoriales históricas”, afirmó.

El dirigente sindical también cuestionó la legalidad de la medida y sostuvo que el Poder Ejecutivo avanzó más allá de sus facultades reglamentarias.

“El Decreto 407/26 excede flagrantemente la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo. Al alterar el espíritu de las leyes que pretende reglamentar, incurre en una desviación de poder que lesiona garantías constitucionales del derecho colectivo del trabajo”, señaló.

Otro de los aspectos señalados en el informe está vinculado al financiamiento sindical. Según Gauna, los artículos 6 y 7 modifican el esquema de aportes y contribuciones, limitando recursos que actualmente forman parte del sostenimiento económico de las organizaciones gremiales.

Además, advirtió sobre restricciones vinculadas a la actividad sindical dentro de los lugares de trabajo y al ejercicio del derecho de huelga. Entre otros puntos, cuestionó la exigencia de autorizaciones para determinadas asambleas, los cambios en los criterios de representación gremial y la posibilidad de que las empresas soliciten medidas judiciales para excluir tutelas sindicales.

Frente a este escenario, el asesor legal de la CGT Regional Junín consideró que las organizaciones sindicales cuentan con herramientas judiciales para intentar frenar la aplicación de la normativa.

Entre ellas mencionó la presentación de acciones de amparo colectivo y planteos de inconstitucionalidad basados en presuntas violaciones al artículo 14 bis de la Constitución Nacional, al artículo 99 inciso 2 y a convenios internacionales suscriptos por la Argentina en el ámbito de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Las declaraciones de Gauna se suman a los cuestionamientos que distintos sectores sindicales vienen expresando frente a las reformas impulsadas por el Gobierno nacional en materia laboral, uno de los ejes centrales de la agenda económica de la administración de Javier Milei.