La disputa interna que atraviesa al peronismo bonaerense volvió a impactar de lleno en los municipios. Por segundo día consecutivo fracasó el intento de avanzar en la Legislatura con la modificación del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal, una herramienta que hoy representa un alivio financiero para las comunas en un contexto marcado por la caída de la coparticipación y el aumento de las demandas sociales.

A primera vista, el debate parece técnico: definir si los municipios podrán disponer libremente del 100% de los recursos o si continuará vigente el esquema actual, que permite utilizar sin restricciones el 30% de los fondos. Sin embargo, detrás de la discusión aparece una puja política mucho más profunda.

Los intendentes, sin distinción partidaria, atraviesan uno de los momentos más complejos de los últimos años. La caída de los recursos nacionales y provinciales, el incremento de los costos de funcionamiento y la proximidad del pago del medio aguinaldo generan una fuerte presión sobre las cuentas municipales.

En ese escenario, la posibilidad de contar con fondos de libre disponibilidad se vuelve estratégica. No se trata solamente de realizar obras o inversiones específicas, sino de tener margen para responder a urgencias cotidianas vinculadas a salud, asistencia social, mantenimiento urbano o prestación de servicios.

Por eso, el reclamo trasciende las fronteras partidarias. Aunque el proyecto que mayor consenso reúne fue presentado por el radicalismo, la demanda es compartida por numerosos jefes comunales que observan con preocupación cómo la parálisis legislativa demora recursos considerados fundamentales para atravesar el segundo semestre.

Más autonomía, una demanda que crece

Más allá de la coyuntura legislativa, el reclamo de fondo apunta a una discusión que los intendentes vienen planteando desde hace años: la necesidad de contar con mayor autonomía financiera.

En los distritos del interior bonaerense la situación se observa con especial atención. Los gobiernos locales son el primer mostrador del Estado frente a los vecinos y muchas veces terminan absorbiendo responsabilidades que exceden sus competencias originales.

La atención sanitaria, la asistencia alimentaria, el mantenimiento de caminos rurales o la contención social generan una presión creciente sobre presupuestos cada vez más ajustados.

Por eso, para muchos intendentes la discusión ya no pasa únicamente por cuánto dinero reciben, sino por quién decide cómo se utiliza.