La discusión por el rediseño de las políticas de prevención en el territorio bonaerense tuvo su puntapié inicial en nuestra región. La ciudad de Chivilcoy se convirtió en la sede del primer encuentro regional destinado a debatir la reforma y modernización de la Ley de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. La jornada de trabajo congregó a las máximas autoridades del Ministerio de Seguridad provincial, a once intendentes de la zona y a funcionarios de las carteras de seguridad de los respectivos distritos.

El encuentro estuvo encabezado por el subsecretario de Fiscalización y Control Policial de la Provincia, Andrés Escudero. El intendente anfitrión, Guillermo Britos, fue el encargado de dar la bienvenida y agradecer la elección de su ciudad como cabecera de este debate estratégico para la Cuarta Sección Electoral. “Este es un tema importantísimo, como todos los que tienen que ver con la seguridad, porque siempre apuntan a mejorar la calidad de vida de los vecinos”, subrayó el jefe comunal chivilcoyano.

 

Una ley con 30 años que ignora las herramientas municipales

Durante su alocución, el funcionario provincial Andrés Escudero remarcó que esta ronda de consultas federales nace a partir de la decisión del gobernador de impulsar una profunda actualización de la Ley Provincial de Seguridad N° 12.154. Cabe recordar que el mandatario provincial ya había anunciado en la apertura de las sesiones legislativas su voluntad de enviar este proyecto de modernización a la Legislatura.

Escudero argumentó que la normativa actual tiene cerca de tres décadas de vigencia y, aunque significó un avance en su época, hoy ha quedado totalmente desactualizada frente a las nuevas realidades del interior.

“La ley actual no contempla gran parte de las herramientas que los municipios fueron desarrollando durante las últimas décadas. Centros de monitoreo, sistemas de alerta, programas de asistencia a víctimas e iniciativas de seguridad rural funcionan actualmente sin un marco legal específico que las regule e integre dentro del sistema de seguridad provincial”, graficó el subsecretario.

En ese sentido, la provincia busca construir una nueva legislación que reconozca y fortalezca de manera formal el rol de los intendentes como conductores políticos de la prevención en sus comunidades, articulando de forma directa con la estructura y conducción de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

 

El reclamo de los intendentes: "Repatriar" efectivos y atender al Interior

El encuentro abrió un espacio de catarsis e intercambio de experiencias donde los intendentes de la región plantearon agendas comunes y marcaron posturas firmes sobre las asimetrías del sistema actual:

Diferenciación geográfica: Los jefes comunales insistieron en que la nueva ley debe establecer una línea clara que diferencie las problemáticas delictivas que atraviesan los municipios del interior rural respecto de las realidades complejas que se viven en los distritos del Conurbano.

Devolución de personal: El reclamo unánime y más fuerte de los mandatarios locales apuntó a que los efectivos policiales oriundos de la región que actualmente prestan servicio en localidades del Conurbano sean “repatriados” a sus municipios de origen. Los intendentes celebraron el compromiso público de las autoridades bonaerenses de comenzar a dar cumplimiento efectivo a este pedido de restitución de personal.

 

Articulación técnica y comunitaria

La mesa de debate contó además con el aporte de áreas clave del Ministerio de Seguridad, representadas por la subsecretaria de Participación Comunitaria, Sol Margos, y el subsecretario de Formación, Ignacio Pacho. Ambos funcionarios se encuentran coordinando las mesas técnicas referidas a los programas de reclutamiento policial, la optimización de la asistencia a las víctimas del delito y la articulación diaria de las herramientas preventivas junto a los gobiernos locales.

El foro regional de Chivilcoy marcó el inicio de una serie de rondas con las que el Ejecutivo provincial pretende construir los consensos territoriales necesarios antes de someter el proyecto final al tratamiento de las cámaras legislativas.