El Concejo Deliberante de 9 de Julio aprobó por unanimidad la Ordenanza de Ética en el Ejercicio de la Función Pública Municipal, una iniciativa impulsada por el bloque de concejales de la UCR orientada a fortalecer la transparencia, la integridad y la calidad institucional en el ámbito del Estado municipal.

La normativa establece un marco de principios éticos, deberes y obligaciones para todos los funcionarios y agentes que desempeñen funciones públicas, independientemente del cargo que ocupen o la modalidad de su designación.

Declaraciones juradas y prevención de conflictos de intereses

Entre los principales aspectos contemplados por la ordenanza se encuentra la obligatoriedad de presentar declaraciones juradas patrimoniales, la regulación de posibles conflictos de intereses y la prohibición de recibir beneficios indebidos vinculados al ejercicio de la función pública.

Asimismo, incorpora herramientas destinadas a garantizar mayores niveles de transparencia y facilitar el acceso a la información pública, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de control institucional.

Requisitos vinculados a deudores alimentarios y violencia de género

La ordenanza también incluye disposiciones relacionadas con la situación de deudores alimentarios y casos de violencia de género o familiar, aspectos que, según señalaron desde el bloque impulsor, buscan reforzar criterios de responsabilidad y conducta para el desempeño de cargos públicos.

Desde la UCR destacaron que la iniciativa responde a una demanda creciente de la ciudadanía por contar con gobiernos transparentes y comprometidos con el interés público.

Consenso político en el Concejo

Tras la aprobación de la iniciativa, desde el bloque radical sostuvieron: “Las instituciones se fortalecen cuando hay reglas claras, controles efectivos y funcionarios que actúan con transparencia. Esta ordenanza es una herramienta para mejorar la calidad democrática y reforzar la confianza de los vecinos en sus representantes”.

La aprobación por unanimidad reflejó el consenso alcanzado entre las distintas fuerzas políticas respecto de la necesidad de promover estándares éticos cada vez más altos en la administración pública municipal.

Con la sanción de esta ordenanza, el Concejo Deliberante incorporó un nuevo marco normativo orientado a fortalecer la transparencia y la calidad institucional en el ámbito local.