La causa judicial por la muerte de la enfermera Natalia Bellome Boza, ocurrida el pasado 8 de junio dentro del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) "Abraham Piñeyro", sumó precisiones fundamentales desde el ámbito del derecho penal. El Dr. José Luis Itoiz, abogado patrocinante de la familia de la víctima, detalló el estado del expediente y los principales interrogantes técnicos que buscan esclarecer las autoridades judiciales.

Itoiz confirmó que asumió formalmente el rol de representante del particular damnificado en nombre de Matías Trunce, el hijo mayor de la trabajadora sanitaria [00:38]. Precisó que el expediente se encuentra en una etapa preliminar de producción de pruebas y ratificaciones, radicado ante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N.° 6, a cargo de la fiscal Dra. Fernanda Sánchez .

La "ventana de tiempo" y los interrogantes de la querella

El letrado explicó que la denuncia penal fue motivada por las profundas dudas que embargan a los allegados frente a las versiones encontradas surgidas desde los pasillos del nosocomio. El objetivo central del estudio jurídico es reconstruir cronológicamente el cuadro clínico para dirimir si existió impericia, negligencia o una omisión penalmente relevante por parte del sistema de salud pública.

"El horario de la descompensación de Natalia es pasado el mediodía, y el desenlace fatal por un infarto agudo de miocardio se produce entre las 14 y las 15 horas. Nuestro foco está puesto en saber qué pasó en esa ventana de tiempo de casi dos horas y qué respuesta operativa dio el hospital", detalló Itoiz en declaraciones a Canal 10 de Junín.

Asimismo, el abogado enumeró tres preguntas críticas que constan en las presentaciones del particular damnificado:

Cuidados Intensivos: Por qué razones médicas o edilicias no se le otorgó una vacante y atención inmediata en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) 

Atención de Guardia: Cuál fue el protocolo asistencial aplicado y por qué no se estabilizó el cuadro en el servicio de urgencias 

Logística de Derivación: Si efectivamente el personal médico dictaminó la necesidad de derivarla a un sanatorio privado, por qué la ambulancia o el traslado no se terminó concretando a tiempo [02:39].

Medidas de prueba y pericias sin corporativismo

En relación con las medidas de prueba urgentes delegadas a las fuerzas policiales, el letrado indicó que la fiscalía solicitó formalmente el secuestro y entrega de la historia clínica original de la enfermera, así como copias certificadas de los sumarios administrativos y de las actuaciones internas dispuestas por la dirección.

Frente al habitual riesgo de corporativismo en casos que involucran presunta mala praxis médica, Itoiz aclaró que la Dra. Sánchez optó por darle intervención directa al Cuerpo pericial oficial del Departamento Judicial de Junín para garantizar la transparencia de los peritajes científicos sobre el material clínico incautado.

"Ningún médico puede garantizar la vida de por vida, pero sí deben garantizar que hicieron todo lo posible de acuerdo a la ciencia y la técnica actual. La prueba testimonial de los médicos y enfermeras que estuvieron en contacto directo con la emergencia va a ser crucial para determinar si los medios e insumos estaban en condiciones operativas", consideró el profesional .

Para finalizar, el Dr. Itoiz subrayó que los hijos y hermanos de la víctima se mantienen completamente unidos y en una postura de estricto resguardo de su privacidad. Afirmó que la familia decidió mantenerse al margen de las utilizaciones gremiales, sectoriales o políticas que se han hecho públicamente con el caso, eligiendo abocarse con exclusividad a los canales formales del expediente judicial para alcanzar la verdad y poder realizar el duelo en paz.