La senadora provincial Valeria Arata (FR-Fuerza Patria) defendió la continuidad de la Ley 27.637 de Zona Fría y expresó su preocupación ante la posibilidad de que el Gobierno nacional avance sobre un beneficio que alcanza a millones de hogares en distintas regiones del país.

Durante una intervención en el Senado bonaerense, la legisladora señaló que el régimen constituye una herramienta clave para garantizar el acceso al gas en condiciones más equitativas y advirtió sobre las consecuencias que tendría una eventual reducción de los beneficios vigentes.

“Estamos hablando de una herramienta fundamental para que el acceso al gas no se convierta en un privilegio. La Zona Fría es una política necesaria para aliviar a las familias frente a las adversidades del clima y garantizar condiciones mínimas de igualdad”, sostuvo.

Arata remarcó que el esquema no solo alcanza a la provincia de Buenos Aires, sino también a millones de usuarios de otras jurisdicciones como Córdoba y Santa Fe, por lo que consideró que se trata de una política de alcance federal y con un fuerte impacto social.

En ese marco, alertó sobre la pérdida de poder adquisitivo de los hogares y el peso creciente de los servicios públicos en la economía familiar. Según indicó, mientras que en 2023 los servicios básicos representaban alrededor del 4% de la canasta básica, actualmente superan el 12%.

Además, advirtió que las próximas facturas de gas podrían registrar aumentos de entre el 30% y el 50%, lo que agravaría aún más la situación de muchas familias.

“La realidad es que cada vez más familias tienen dificultades para afrontar los costos de los servicios esenciales. Quitar este beneficio significaría profundizar esa situación y castigar a quienes más necesitan del acompañamiento del Estado”, afirmó.

La legisladora también cuestionó la política económica nacional al considerar que los ajustes recaen principalmente sobre los sectores medios y vulnerables, mientras que los beneficios alcanzan a los sectores de mayores ingresos.

Por último, reclamó precisiones sobre el destino que tendrán los recursos recaudados a través del Fondo Fiduciario de Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, financiado mediante un recargo del 7% en las facturas.

“Si el Gobierno pretende reducir drásticamente la cantidad de beneficiarios, tiene que explicar qué hará con esos recursos que siguen aportando millones de argentinos en cada boleta”, concluyó.