El secretario general de ATSA seccional Junín, Héctor Azil, respaldó el plan de lucha anunciado por la Confederación General del Trabajo (CGT), aunque planteó la necesidad de ampliar su alcance e incorporar a otros sectores sociales antes de avanzar con nuevas medidas de fuerza.

La central obrera confirmó esta semana el inicio de una serie de protestas contra el Gobierno de Javier Milei, que incluirán distintas acciones gremiales y una movilización federal cuya fecha aún no fue definida. En ese marco, Azil consideró que las medidas tradicionales no han logrado modificar la postura del Ejecutivo y que el escenario requiere una estrategia más amplia.

"Si hay paro y movilizaciones, pero el Gobierno no cambia su postura frente a los reclamos, hay que utilizar imaginación y buscar otro tipo de medidas", afirmó en diálogo con GRUPO LA VERDAD.

El dirigente explicó que la decisión adoptada por el Consejo Directivo de la CGT apunta a desarrollar primero un proceso de organización y concientización social, previo a una eventual huelga nacional.

"La idea es producir una movilización social previa, incorporando incluso a otros sectores afectados por este Gobierno para derivar después, en algún momento, en un paro o una movilización importante", señaló.

En ese sentido, sostuvo que el reclamo debe trascender al movimiento obrero e incluir a otros sectores que también atraviesan dificultades económicas.

"No solamente tienen que participar los trabajadores. También los universitarios, los jubilados, las personas con discapacidad y otros sectores que están siendo perjudicados. Esto atraviesa todo el sistema económico nacional", expresó.

Para el dirigente, uno de los principales desafíos del sindicalismo es lograr un mensaje común entre las distintas organizaciones gremiales, con un trabajo previo de concientización antes de convocar a medidas de fuerza.

Asimismo, cuestionó la intervención del Gobierno nacional en las negociaciones salariales al señalar que, pese a definirse como liberal, demora la homologación de acuerdos paritarios alcanzados entre sindicatos y empleadores.

Finalmente, rechazó la posibilidad de que las organizaciones sindicales transfieran la administración de las obras sociales al Estado como consecuencia de la crisis financiera del sistema, al considerar que implicaría resignar una responsabilidad histórica del movimiento obrero y afectar la cobertura de los trabajadores y sus familias.