En el marco de una jornada de protesta provincial que alcanzó a las 20 departamentales bonaerenses, los trabajadores del Poder Judicial visibilizaron el estado de precariedad salarial y estructural que atraviesa el sector. El descontento radica en la postergación de las discusiones paritarias y en el incumplimiento de compromisos asumidos previamente por las autoridades.

El secretario general de la Asociación de Judiciales Bonaerenses (AJB) seccional Junín, Fernando De Narda, graficó el impacto de la crisis en los bolsillos de los empleados, haciendo especial hincapié en quienes recién se incorporan a los tribunales. "Hace una década, un ingresante cobraba el equivalente a una canasta básica; hoy, mientras la canasta está por encima del millón de pesos, un trabajador judicial que recién empieza cobra menos de 800 mil pesos", denunció el dirigente, calificando la situación como un "hachazo" histórico sobre los ingresos fijos.

El eje del reclamo a la Suprema Corte

De Narda -en declaraciones a Canal 10 de Junín-centró los cuestionamientos en la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires debido a la falta de implementación de una nueva subcategoría salarial, una medida que ya había sido comprometida en las mesas técnicas de diciembre de 2025 y ratificada en la última mesa paritaria de marzo de este año.

"Es un reconocimiento fundamental para los compañeros y compañeras que tienen menos de 10 años de antigüedad, que son justamente los que más padecen la caída del salario real. La Corte asumió el compromiso de implementarlo mediante una resolución interna, pero hasta el momento no lo ha hecho", detalló el titular de la AJB local.

El impacto del ajuste presupuestario

Durante la entrevista, el referente gremial vinculó el deterioro de los haberes y las falencias edilicias u organizativas de las dependencias con la histórica reducción de las partidas presupuestarias destinadas al sector en el territorio bonaerense.

"Estamos convencidos de que el resentimiento que sufre el sistema tiene que ver con el presupuesto que se le destina a la Justicia en la provincia de Buenos Aires. En la década del 80 se asignaba el 7% del presupuesto provincial; luego se estabilizó en torno al 5% o 6%, pero hoy estamos por debajo del 4%", argumentó De Narda. Según su análisis, esta escasez de recursos condiciona no solo las mejoras edilicias necesarias para el Departamento Judicial o el demorado proyecto del Polo Judicial, sino que se traduce directamente en la falta de cobertura de vacantes, lo que sobrecarga al personal actual y lentifica el servicio que se brinda a la ciudadanía.