El concejal de La Libertad Avanza, Leonel Juliá, presentó un proyecto de comunicación en el Honorable Concejo Deliberante de Junín para solicitar al Gobierno de la provincia de Buenos Aires que avance en la implementación de medidas destinadas a restringir, detectar y bloquear el uso de teléfonos celulares no autorizados dentro de las unidades penitenciarias bonaerenses.

La iniciativa apunta a impedir que personas privadas de la libertad continúen cometiendo delitos desde el interior de las cárceles mediante el uso de teléfonos móviles, tarjetas SIM, aplicaciones de mensajería o conexiones de datos.

"Una persona que está cumpliendo una pena por haber cometido delitos no puede seguir estafando, amenazando o extorsionando vecinos desde una cárcel. El Estado tiene que recuperar el control puertas adentro del sistema penitenciario", sostuvo el edil.

Adecuar la normativa provincial

El proyecto solicita que la Provincia adhiera y adecue su normativa y los protocolos penitenciarios a lo establecido por la Ley Nacional N° 24.660, modificada por la Ley N° 27.375, que prohíbe las comunicaciones mediante equipos móviles dentro de los establecimientos penitenciarios y contempla la instalación de inhibidores de señal en los distintos pabellones.

Además, toma como antecedente la reciente decisión del Gobierno nacional de autorizar al Servicio Penitenciario Federal a implementar dispositivos de detección y bloqueo de IMEI e IMSI para impedir el funcionamiento de celulares dentro de las cárceles federales.

"Si Nación ya avanzó con una decisión concreta, la Provincia de Buenos Aires no puede seguir mirando para otro lado. El gobernador Axel Kicillof tiene la responsabilidad de cuidar a los bonaerenses e impedir que las cárceles se transformen en call centers del delito", afirmó Juliá.

Antecedentes en Junín

El concejal fundamentó la iniciativa en investigaciones realizadas en Junín que permitieron desbaratar maniobras de estafas que, según la pesquisa, eran coordinadas desde una unidad penitenciaria y tenían como víctimas a comerciantes de la ciudad.

"Esto no es un problema lejano. Pasó en Junín. Afectó a comerciantes de Junín. Y demuestra que no alcanza con investigar las estafas cuando ya ocurrieron: hay que cortar la comunicación ilegal desde adentro", manifestó.

Protocolo y controles

La propuesta también solicita que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, el Ministerio de Seguridad bonaerense y el Servicio Penitenciario Bonaerense elaboren un protocolo específico para detectar dispositivos activos en sectores restringidos, bloquear equipos y tarjetas SIM, coordinar acciones con las empresas de telecomunicaciones, realizar auditorías periódicas y garantizar que las comunicaciones autorizadas de las personas privadas de la libertad se realicen por canales institucionales y bajo control oficial.

Finalmente, Juliá sostuvo que Junín conoce de cerca esta problemática por contar con establecimientos penitenciarios en su jurisdicción y convocó al resto de las fuerzas políticas a acompañar la iniciativa.

"La seguridad de los bonaerenses no tiene ideología política. Esperamos el acompañamiento de todos los bloques porque cuidar a los vecinos debería estar por encima de cualquier diferencia partidaria", concluyó.