La séptima sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante de Junín, celebrada este martes al mediodía, avanzó sobre un debate clave en materia de seguridad pública regional. A propuesta del concejal de la Alianza La Libertad Avanza (LLA) y presidente de la Comisión de Seguridad y Defensa Civil, Leonel Juliá, los ediles locales aprobaron un proyecto de comunicación dirigido al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y a las autoridades competentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

La iniciativa solicita de manera urgente la adhesión a las normativas vigentes a nivel nacional para implementar limitaciones estrictas en las comunicaciones telefónicas de los internos alojados en las cárceles bonaerenses, un reclamo recurrente ante el avance del delito organizado.

El origen de una medida "excepcional" que quedó firme

Durante su exposición, el concejal Juliá hizo un detallado repaso histórico para contextualizar el problema. Recordó que el uso de teléfonos celulares dentro de los penales de la provincia de Buenos Aires se autorizó bajo una modalidad estrictamente "excepcional" y de emergencia durante la pandemia de COVID-19, mediante una resolución del Tribunal de Casación Penal (Resolución 708/20), con el único fin de que los internos no perdieran el contacto con sus lazos familiares ante la suspensión de las visitas presenciales.

Sin embargo, el edil de LLA denunció que, a pesar de haber finalizado la emergencia sanitaria hace años, la medida nunca se retrotrajo. "Lo que nació como una excepción para un momento crítico se terminó transformando en una regla permanente y sin control que hoy pone en jaque la seguridad pública de todos los bonaerenses", enfatizó Juliá.

Junín, un distrito expuesto por su infraestructura penitenciaria

Uno de los puntos más álgidos de la alocución de Juliá (en sintonía con la realidad local de la ciudad) fue la mención de la fuerte presencia carcelaria en el Partido de Junín, que cuenta con la Unidad Penitenciaria N° 13, la Unidad N° 16 y la Alcaidía Penitenciaria N° 49.

El concejal argumentó que esta enorme concentración de internos vuelve a los vecinos de Junín sumamente vulnerables frente a la falta de controles de señal. Al no contar con sistemas de inhibición activos ni protocolos estrictos de requisas de dispositivos móviles, las cárceles locales se vuelven potenciales centros operativos desde donde se planifican extorsiones y "cuentos del tío" que tienen como principales víctimas a los adultos mayores de la ciudad.

El contraste con la órbita nacional

Juliá también marcó el fuerte contraste político e institucional entre las decisiones del Gobierno nacional y la gestión provincial bonaerense. Destacó que, mientras el Ministerio de Seguridad de la Nación avanzó firmemente en la restricción y el bloqueo de señales telefónicas en los penales federales para combatir el narcotráfico y el crimen organizado, la provincia de Buenos Aires mantiene una postura pasiva e indiferente.

"El Gobierno nacional ya demostró que limitar la comunicación de los delincuentes es una decisión política viable y necesaria para proteger a los ciudadanos de bien. Es hora de que la provincia de Buenos Aires deje de mirar para otro lado, adhiera a estos protocolos y use la tecnología para cuidar a las víctimas y no a los victimarios", concluyó el concejal libertario antes de que el proyecto fuera sometido a votación y aprobado por el cuerpo deliberativo.