La paciencia de las comunidades que habitan a la vera de la Ruta Nacional 5 ha llegado a su límite. Lo que debía ser el anuncio de un plan de modernización y seguridad vial para uno de los corredores productivos más transitados y ricos de la Argentina se ha transformado, debido a sus condiciones administrativas, en una profunda y generalizada frustración para el interior del país.

La reciente publicación de la Resolución 706/2026 del Ministerio de Economía de la Nación, que otorga la concesión de la traza por un plazo de 20 años, encendió las alarmas y unificó a intendentes, legisladores, concejales y vecinos en un reclamo que cruza los límites provinciales entre Buenos Aires y La Pampa. La medida establece un marco de operación que, a los ojos de los usuarios locales, prioriza la recaudación de la empresa concesionaria por sobre la vida de quienes transitan la ruta diariamente.

El nuevo esquema contractual contempla tareas básicas de mantenimiento, conservación, repavimentación parcial y, de manera muy polémica, la instalación de nuevas cabinas de peaje. Sin embargo, el pliego omite por completo la obra de infraestructura más esperada y largamente postergada: la duplicación de la calzada para convertir el trayecto en una autovía segura.

La reacción política en la provincia de La Pampa no se hizo esperar. El diputado provincial pampeano Espartaco Marín apeló a una ironía implacable para describir el descontento social que se vive en la región: “Le pedíamos una autovía y nos devolvieron un peaje…“. Sus declaraciones pusieron el foco en la asimetría del nuevo contrato, donde la firma adjudicataria se asegura una caja millonaria de cobro obligatorio durante dos décadas sin asumir el compromiso de ampliar un solo kilómetro de asfalto.

Un frente común contra el abandono de la traza

La resistencia a esta resolución ya comenzó a traducirse en acciones institucionales coordinadas a nivel legislativo. En el partido bonaerense de Bragado, la concejal de Acción para el Desarrollo, Marita Gelitti, presentó un proyecto de resolución ante el Honorable Concejo Deliberante (HCD) para rechazar de plano los alcances de la normativa nacional. La propuesta exige que la transformación en autovía recupere el carácter de prioridad absoluta dentro de la agenda de obras del Estado nacional.

La estrategia de Bragado apunta a generar un efecto dominó de presión política. El proyecto prevé remitir la declaración de rechazo a cada uno de los concejos deliberantes de las comunas que son atravesadas por la traza (Luján, Mercedes, Suipacha, Chivilcoy, Alberti, Bragado, 9 de Julio, Carlos Casares, Pehuajó, Trenque Lauquen y Pellegrini), hasta adentrarse en territorio pampeano rumbo a Santa Rosa, buscando consolidar una postura regional uniforme que obligue a las autoridades nacionales a revisar los pliegos.

Logística estrangulada y vidas en riesgo

La Ruta Nacional 5 representa la columna vertebral que une y comunica a distritos clave del agro argentino. Por su asfalto circula gran parte de la riqueza agroindustrial del país, con miles de camiones cargados de granos que se dirigen hacia los puertos bonaerenses. La falta de una autovía no solo estrangula la logística y encarece los costos del transporte, sino que se cobra vidas semanalmente. Al tratarse de una calzada simple y sin separación física entre sentidos opuestos, ostenta uno de los índices de siniestralidad vial más elevados de la provincia, caracterizado por colisiones frontales a alta velocidad que suelen ser fatales.

Más hacia el este del corredor, en la ciudad de Mercedes, el clima político también cobró temperatura. Durante la última sesión del Concejo Deliberante, la discusión por la concesión se preveía como el eje de un debate complejo. Si bien las distintas fuerzas coinciden en la urgencia de las obras de fondo, las diferencias partidarias locales dificultaron hasta el momento la redacción de un proyecto unificado. Con todo, la presión de la comunidad mercedina es idéntica a la del resto del tendido: la resignación ante veinte años más de parches y peajes ya no es una opción aceptable para el interior del país.