La posibilidad de que productores agropecuarios se organicen para financiar y ejecutar tareas de mantenimiento en caminos rurales comenzó a instalarse en distintos municipios bonaerenses como una alternativa frente al deterioro de la red vial y las limitaciones presupuestarias de los gobiernos locales.

En ese contexto, el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires expresó su respaldo a este tipo de iniciativas, aunque advirtió que solo podrán desarrollarse de manera segura si respetan la legislación vigente y cuentan con planificación técnica a cargo de profesionales habilitados.

La planificación como condición

El presidente del Colegio, Jorge O. Castellano, sostuvo que la participación privada puede contribuir a ampliar la inversión en infraestructura rural, pero remarcó que el financiamiento por sí solo no garantiza obras de calidad.

"Nos parece una oportunidad interesante que quienes pueden afrontar el costo de obras de infraestructura vecinal colaboren con su financiamiento. Pero esta posibilidad debe ser llevada a cabo con planificación, cumpliendo los procedimientos que establecen la normativa técnica y la legislación vigente", afirmó.

Advierten sobre riesgos hidráulicos y ambientales

Desde la entidad explicaron que una intervención inadecuada sobre un camino rural puede modificar el escurrimiento del agua, alterar cunetas, pendientes o perfiles del terreno y provocar consecuencias en establecimientos vecinos.

Por ese motivo, señalaron que cada obra debe contemplar estudios previos sobre el funcionamiento de las cuencas hídricas, las características del suelo, la ubicación de alcantarillas y el tipo de tránsito que tendrá el camino.

"No todos los caminos tienen las mismas necesidades. Cada caso requiere un proyecto específico", sostuvo Castellano.

Recordatorio sobre la normativa vigente

El Colegio también recordó que este tipo de intervenciones ya se encuentran reguladas por la normativa provincial, independientemente de quién aporte los recursos para ejecutarlas.

En ese sentido, indicó que la Ordenanza General 165/73 establece la necesidad de realizar estudios técnicos, elaborar proyectos, contar con dirección profesional y obtener las correspondientes autorizaciones antes del inicio de cualquier obra.

Además, advirtió que la participación de consorcios o cooperativas de productores no exime del cumplimiento de esas obligaciones ni elimina las responsabilidades legales de propietarios, municipios o ejecutores.

Un llamado a los municipios

La entidad sostuvo que los gobiernos locales tendrán un rol clave en la implementación de este esquema, ya que deberán garantizar que las obras sean proyectadas y ejecutadas bajo criterios de ingeniería y con el debido control técnico.

Desde el Colegio consideraron que el aporte privado puede transformarse en una herramienta para liberar recursos públicos y destinarlos a otras necesidades, siempre que las intervenciones se desarrollen con estudios previos, planificación y supervisión profesional.

Finalmente, Castellano concluyó que "financiar una obra no alcanza; también hay que ejecutarla con criterios de ingeniería y dentro del marco legal vigente", al remarcar que la calidad y la durabilidad de los trabajos dependerán del cumplimiento de esos requisitos.