El Concejo Deliberante de Bragado expresó su rechazo a la decisión del Gobierno nacional de incorporar dos nuevas estaciones de peaje sobre la Ruta Nacional 5, al aprobar por mayoría la Resolución Nº 3102/26, impulsada por la concejal de Acción para el Desarrollo, Marita Gelitti.

La iniciativa manifiesta el desacuerdo con la Resolución 706/2026 del Ministerio de Economía de la Nación, mediante la cual se adjudicó por 20 años un nuevo esquema de concesión para la Ruta 5 que incorpora dos nuevas cabinas de peaje sin incluir la ejecución de obras de transformación en autovía o autopista.

Según se señala en los fundamentos de la resolución, el pliego establece un peaje base de 2.355,37 pesos más IVA, lo que eleva el valor a 2.847,90 pesos por pasada.

Cinco estaciones de peaje

Con la nueva concesión se mantendrán las estaciones de peaje ya existentes en Olivera, 9 de Julio y Trenque Lauquen, mientras que se sumarán otras dos: Gorostiaga, ubicada en el kilómetro 117 entre Suipacha y Chivilcoy, y Lonquimay, en el kilómetro 544, que será la primera estación de peaje sobre la Ruta 5 en territorio de La Pampa.

Para el Concejo Deliberante de Bragado, la incorporación de nuevos puntos de cobro no está acompañada por las obras de infraestructura que desde hace años reclaman usuarios, vecinos e intendentes de la región.

Reclamo por la autovía

Uno de los principales argumentos de la resolución aprobada es que la Ruta Nacional 5 continúa siendo una de las trazas más peligrosas de la región pampeana.

El texto cita datos de la Fundación Estrellas Amarillas, según los cuales el 92% de las muertes viales registradas sobre esa ruta durante 2025 fueron consecuencia de choques frontales, una situación que atribuyen a las características de la calzada, de apenas 7,50 metros de ancho y sin separación física entre los sentidos de circulación.

En ese contexto, los concejales cuestionaron que las obras para convertir la ruta en autovía permanezcan paralizadas mientras avanza un esquema que amplía el cobro de peajes.

El destino de los fondos

Otro de los cuestionamientos apunta al Fondo Fiduciario de Infraestructura Vial, que se financia con un porcentaje del impuesto a los combustibles y cuyo objetivo es sostener inversiones en la red vial nacional.

Desde el Concejo sostienen que esos recursos deberían destinarse prioritariamente a la ejecución de obras sobre la Ruta Nacional 5, aunque advirtieron que, en el marco del equilibrio fiscal impulsado por el Gobierno nacional, una parte importante de esos fondos permanece sin ejecutar.

En ese sentido, Gelitti afirmó que "no sólo no avanzan las obras de la autovía, sino que ahora se pretende cobrar en dos cabinas más para realizar tareas de mantenimiento, mientras el Estado continúa recaudando el Fondo de Infraestructura Vial".

Con esta resolución, el Concejo Deliberante de Bragado se sumó a los cuestionamientos que distintos sectores vienen expresando respecto del nuevo esquema de concesión de la Ruta Nacional 5, insistiendo en que la prioridad debe ser la concreción de las obras que permitan mejorar la seguridad vial en uno de los corredores más transitados del oeste bonaerense.