Desde que el Sistema de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes comenzó a funcionar bajo el paradigma de la descentralización y de la gestión territorial, los municipios pasaron a ocupar un lugar central en las intervenciones sobre las infancias y adolescencias más vulnerables. La apuesta parecía acertada: acercar el Estado a quienes más lo necesitan, construir respuestas desde el territorio y abandonar definitivamente la lógica centralista.

Sin embargo, después de más de una década de funcionamiento, creo que hay una pregunta que resulta ineludible y que muy pocas veces nos animamos a formular:

¿A quién termina protegiendo realmente el sistema?

Si bien toda política pública posee una dimensión política, ello no significa que cada intervención con un niño, una niña o un adolescente deba quedar subordinada a las necesidades coyunturales de una gestión municipal. Existe una diferencia sustancial entre hacer política pública y hacer de la niñez una herramienta política partidaria.

El emplazamiento de los Servicios Locales dentro de la órbita de los municipios constituye una de las grandes revisiones pendientes del sistema. No porque los gobiernos locales no deban intervenir en las políticas de niñez, sino porque la protección integral de derechos no puede quedar condicionada por las urgencias, los intereses o los tiempos de la gestión de turno.

A ello se suma otro fenómeno, quizás más preocupante: las prioridades institucionales suelen quedar marcadas por la agenda política del momento. Se interviene con mayor intensidad allí donde existe visibilidad, repercusión o conveniencia institucional, mientras otras situaciones de igual o mayor gravedad permanecen esperando una respuesta.

Los niños, niñas y adolescentes que no ocupan un lugar en esa agenda quedan, muchas veces, invisibilizados por un sistema que fue concebido precisamente para llegar primero a ellos.

No crean que esta es la mera opinión de una observadora. Es la reflexión de alguien que formó parte del Sistema de Promoción y Protección y que, precisamente por haber transitado ese espacio, decidió interpelarse acerca del verdadero sentido de la tarea que desarrollan quienes lo integran.

Me pregunté cuál era, realmente, mi función. Si consistía en blindar una gestión; en convertirme en una profesional funcional para que otros exhibieran resultados, sostuvieran un relato de eficiencia o utilizaran el Sistema de Promoción y Protección como un trampolín para sus carreras políticas.

O si, por el contrario, mi responsabilidad consistía en abordar, con criterio técnico y compromiso ético, las múltiples vulneraciones de derechos que atraviesan cotidianamente niños, niñas y adolescentes, aun cuando ello implique incomodar, cuestionar prácticas naturalizadas o discutir aquello que parece no poder discutirse.

Esa pregunta también me llevó a pensar en el lugar que ocupamos los profesionales dentro del sistema. Permanecer en él sin cuestionar su funcionamiento puede terminar convirtiéndose, casi sin advertirlo, en una forma de obsecuencia institucional.

La urgencia cotidiana absorbe, las demandas se acumulan y la realidad muestra equipos técnicos atravesados por una alta rotación de profesionales, salarios insuficientes y condiciones laborales que muchas veces impiden consolidar procesos de trabajo sostenidos en el tiempo.

Y es por ello que muchas veces dejamos de preguntarnos si nuestras intervenciones responden verdaderamente a las necesidades de las infancias o a las prioridades de una agenda política que necesita demostrar gestión.

Porque, a veces, el organismo deja de ser un espacio destinado a proteger derechos para transformarse en un escenario donde unos pocos venden gestión. Un escenario que sirve para blindar administraciones, exhibir estadísticas, construir imagen pública y proyectar carreras políticas. Mientras tanto, la protección efectiva de derechos queda relegada a un segundo plano o, incluso, deja de formar parte de la prioridad.

Como consecuencia de ello existe una realidad de la que poco se habla: quien decide cuestionar el funcionamiento del sistema, quien se resiste a naturalizar determinadas prácticas o se niega a convertirse en un engranaje acrítico de la gestión, muchas veces pasa a ser considerado un perfil incómodo.

No por falta de capacidad técnica ni por incumplir sus responsabilidades, sino precisamente por no ajustarse al nivel de funcionalidad que determinadas conducciones esperan de sus equipos. La crítica suele interpretarse como deslealtad, cuando en realidad puede ser la expresión más genuina del compromiso con la función pública.

La verdadera lealtad institucional no consiste en blindar una gestión. Consiste en tener el coraje de formular preguntas incómodas, de señalar aquello que no funciona y de recordar que ninguna estrategia de comunicación, ninguna estadística y ninguna carrera política pueden estar por encima de la protección efectiva de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Porque el día que nuestra principal preocupación pase a ser priorizar los intereses de unos pocos antes que garantizar derechos, el Sistema de Promoción y Protección habrá comenzado a perder aquello que le da sentido: poner en el centro, sin excepciones y sin cálculos políticos, a los niños, niñas y adolescentes.